Las familias de la toma desalojada en Barrio 31 denuncian que siguen "sin respuesta o solución"

A fines de septiembre el Gobierno de la Ciudad realizó un excesivo operativo con la Policía de la Ciudad en la toma "Fuerza de Mujeres" de la Villa 31. Los efectivos desarmaron y quemaron las casillas, y persiguieron a referentes por el barrio, según denunciaron los propios vecinos. Los y las vecinas de la toma denuncian que hasta el día de hoy el Gobierno de la Ciudad no brindó ninguna solución habitacional.

Lorena Martínez, vocera del asentamiento, explicó: "Nosotros somos ochenta mujeres que sufrimos violencia de género y también violencia habitacional, porque en el barrio (por el Carlos Mugica) no te dan alquiler con chicos. Por eso, el único remedio que encontramos fue tomar ese basural".

En el debate organizado por Somos Barrios de Pie bajo la consigna "Una ciudad feminista e inclusiva, entre casas sin gente y gente sin casas" acusaron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de "promover la especulación y el negocio inmobiliario para construir grandes torres que benefician a empresas y perjudican al medioambiente mientras condenan a la indigencia y a la falta de vivienda a miles de familias".

Por su parte, Walter Córdoba, dirigente de Somos Barrios de Pie, advirtió que el desalojo "trastocó toda la vida" de las familias que participaban de la toma ya que mujeres con hijos fueron llevadas "a paradores en los que no pueden ni cocinar ni lavar y sus chicos y chicas no pueden ir a la escuela porque no cuentan con recursos para trasladarse, por ejemplo, desde Lugano a Retiro".

"Recién el martes pasado, dos semanas después del desalojo, el gobierno de la Ciudad empezó a ofrecer subsidios habitacionales a las familias", cuestionó Córdoba, y además puntualizó que los requisitos para acceder a la ayuda económica de la CABA -de entre 8000 y 13000 pesos- son difíciles de cumplir para los grupos familiares sin techo.

Sobre el subsidio habitacional que ofreció el Gobierno de la Ciudad, una de las delegadas de la toma detalló que para entregarlo les piden "un informe socioambiental, un presupuesto de un hotel familiar con la dirección y el teléfono, o un presupuesto hecho por el dueño de una casa de familia si subalquila una pieza, con el ABL y el DNI del propietario".

Por último, la delegada denunció que los operadores del programa Buenos Aires Presente (BAP) de la CABA -cuya función es dar atención inmediata a la gente en situación de calle- hicieron un relevamiento de los ocupantes del asentamiento en el que solo censaron a "52 familias, y al resto, porque éramos más de 100, no los dejaron censar".