Macri firma el pliego de basura sin indemnizaciones y deja sin respuesta a 6.500 recolectores

Este viernes el jefe de Gobierno porteño rubricará el nuevo contrato de recolección de residuos para el período 2028-2038 sin contemplar los USD 200 millones en indemnizaciones que reclama el Sindicato de Camioneros para sus trabajadores, encendiendo un conflicto que la propia administración admite que ya es inevitable.



Este viernes Jorge Macri aprobará el pliego de licitación de la recolección de residuos de la Ciudad para el período 2028-2038, confirmando que no incluirá las indemnizaciones para los 6.500 trabajadores del sector que exige el Sindicato de Camioneros.

Desde el gobierno porteño aclararon que el pliego no requiere aprobación de la Legislatura, ya que el marco legal vigente habilita la firma directa del jefe de Gobierno, y sostienen que la decisión responde a considerar esas indemnizaciones un privilegio sin base legal frente a los derechos del resto de los trabajadores. En la práctica, la administración macrista convierte así en letra muerta una obligación que figuraba expresamente en el contrato anterior y que, según el propio texto del pliego vigente, recaía sobre el Estado porteño.

En el pliego licitatorio en curso existe un apartado denominado "Indemnizaciones Finales" que establece que, al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria calcula las indemnizaciones del personal y, una vez auditadas, el Gobierno porteño debe transferir los fondos para que se paguen a los trabajadores.

Los funcionarios macristas aclararon que sí se abonarán las indemnizaciones correspondientes al contrato actual, cuya prórroga vence en 2028, ya que esa obligación figura en una ley aprobada por la Legislatura porteña. Sin embargo, la decisión de excluirlas de los contratos futuros marca un quiebre deliberado con una práctica que el propio sector considera consolidada desde hace más de tres décadas.

La decisión de Macri de modificar las condiciones de la próxima licitación no solo abrió una disputa con Pablo Moyano, sino que también puso en el centro de las negociaciones a las grandes empresas que manejan la recolección de residuos.

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en anuncios de modernización tecnológica del servicio, aunque ninguna de esas mejoras operativas responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

Según pudo reconstruirse, Macri mantuvo conversaciones con Hugo Moyano para intentar descomprimir el enfrentamiento, y hubo también contactos de funcionarios porteños con otros dirigentes del gremio. Sin embargo, la posición más dura corresponde a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, que amenaza con paralizar la recolección si se avanza contra lo que considera un derecho adquirido.

En 2024, el dirigente ya había advertido que la Ciudad se llenaría de basura si no se indemnizaba al personal, y si los pliegos finales no incorporan las indemnizaciones, no se descarta que el conflicto escale a medidas que afecten directamente la recolección.

La denominada "Ley Moyano" también se aplicó en licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx; la semana pasada, el sindicato incluso cerró el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido. La paradoja es evidente: mientras el gobierno porteño se prepara para librar su batalla jurídica contra el mecanismo, el mismo esquema sigue operando en otras jurisdicciones y sectores sin mayores obstáculos. La gestión de Macri planea avanzar con la adjudicación en 2027, en plena campaña electoral, con un escenario atravesado por la puja con Camioneros y el debate sobre quién debe asumir el costo de las indemnizaciones reclamadas por el gremio.

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