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La Ciudad prorrogó por otros 90 días la emergencia por la venta de celulares usados

Jorge Macri extendió el régimen excepcional que habilita controles y restricciones sobre los comercios de compraventa y reparación de teléfonos usados. La medida mantiene la suspensión de nuevas habilitaciones en zonas consideradas críticas y vuelve a poner el foco en la falta de soluciones de fondo para combatir el circuito de comercialización de equipos robados.


El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prorrogó por otros 90 días la emergencia sobre la comercialización y reparación de celulares usados, sus partes y repuestos. La decisión, dispuesta por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, extiende un régimen excepcional que habilita procedimientos extraordinarios de fiscalización y restricciones para los establecimientos del sector.

La medida fue establecida mediante el Decreto 406/2026, firmado el 18 de noviembre, y prolonga la emergencia que había sido declarada en agosto por el Decreto 296/2026. Según los fundamentos oficiales, la extensión responde a que todavía persisten las circunstancias que motivaron la intervención inicial y a que continúa en proceso la implementación integral de un registro destinado a identificar y mejorar la trazabilidad de los comercios y los equipos.

Controles reforzados y restricciones en cuatro zonas

La emergencia permite a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y al Ministerio de Seguridad coordinar operativos especiales para fiscalizar los locales dedicados a la venta y reparación de teléfonos usados. Los establecimientos deben acreditar el origen legítimo de los aparatos, componentes y repuestos, bajo riesgo de clausura y secuestro de los elementos cuya procedencia no pueda justificarse.

El esquema también mantiene las restricciones para habilitar nuevos comercios, transferir autorizaciones o ampliar rubros y superficies en las denominadas zonas de alta criticidad. Los sectores alcanzados son Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

La normativa original justificó la delimitación territorial a partir de indicadores vinculados con delitos e infracciones, secuestros y recuperos de equipos, denuncias, investigaciones y concentración de establecimientos. El Gobierno porteño había informado que los operativos realizados durante 2024, 2025 y 2026 permitieron recuperar y secuestrar más de 2.000 celulares en distintos puntos de la Ciudad.

Una emergencia que se prolonga mientras sigue pendiente el registro

La prórroga vuelve a extender un instrumento que inicialmente había sido presentado como una respuesta transitoria para intervenir sobre los circuitos de comercialización de teléfonos robados. Sin embargo, tres meses después de su declaración, el Ejecutivo considera que las condiciones que justificaron la emergencia todavía no fueron superadas.

Uno de los puntos centrales sigue siendo la implementación del registro de actividades y trazabilidad previsto en el Decreto 295/2026. Ese mecanismo busca identificar a los establecimientos y mejorar el seguimiento de los equipos, sus partes y repuestos para dificultar su incorporación al mercado ilegal.

Mientras tanto, la gestión de Jorge Macri mantiene las facultades extraordinarias de control y las restricciones comerciales. Aunque el combate a la reventa de celulares robados requiere controles sobre los circuitos ilegales, la extensión del régimen también deja planteado el interrogante sobre los plazos para completar las herramientas permanentes y dejar atrás una política basada en sucesivas declaraciones de emergencia.

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