OPINIÓN

"Los jueces amigos de Larreta ahora se meten con la causa del Correo que preocupa a Macri"

El Tribunal Superior de Justicia, que viene de zafar de un juicio político, se mandó a dar órdenes a favor del ex presidente en la causa por el Correo Argentino, sin tener jurisdicción.

Werner Pertot
Cuando parecía que ya nada podía sorprendernos del Tribunal Superior de Justicia porteño, muy cercano al jefe de Gobierno, fueron y se metieron en una causa nacional para dar órdenes a favor de Mauricio Macri. Y la causa no es otra que la del Correo Argentino. Encima, los tres jueces que intervinieron fueron designados por Macri o por Horacio Rodríguez Larreta y uno de ellos fue directamente funcionario de Macri. Lo s jueces vienen de zafar de un pedido de juicio político por parte de toda la oposición a raíz de un fallo en el que le negaron el derecho a la educación a niños y niñas de menos de cuatro años, contradiciendo explícitamente el texto de la Constitución porteña. ¿Quién los hizo zafar? El bloque de Larreta.
 
Los jueces supremos porteños se metieron en el expediente del Correo por la ventana. Se trata de un juicio que se tramita hace 20 años en un fuero nacional, pero no les importó. Ya tenían un antecedente de una cámara (conocida como la cámara amarilla) que intervino para anular un DNU nacional, cuando estaba también fuera de su jurisdicción (fue en la disputa con Larreta por las clases presenciales). Está claro que años y años de colonización del Poder Judicial por parte del PRO han rendido sus frutos. En ese tribunal, encima, estaba la hermana de uno de los funcionarios más cercanos de Larreta. No hubo ni disimulo.

En el caso del Correo, tres de los jueces del TSJ porteño (el equivalente a la Corte a nivel local) se zambulleron de cabeza en un expediente de la Justicia nacional, en el que el ex presidente busca apartar a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, justo ahora que está en condiciones de decidir si declara la quiebra de la empresa del holding familiar.

Los que pusieron el gancho al fallo insólito fueron Inés Weinberg de Roca, que fue candidata de Mauricio Macri a la Procuración General y nombrada por él en el TSJ; Santiago Otamendi, que viene casi sin escalas de ser secretario de Justicia de Germán Garavano, es decir, funcionario de Macri y Marcela De Langhe, quien fue nombrada por Larreta junto con Otamendi y tenía un cargo en la escuela de la Policía de la Ciudad.

En la sentencia de la polémica, lo que hicieron fue revocar un fallo dictado por la Cámara Comercial, que había rechazado la recusación contra la jueza Cirulli. Es decir que se arrogaron una potestad que hasta ahora era exclusiva de la Corte Suprema. Y además –y esta es la clave- dejaron en claro que piensan intrometerse para definir qué tiene que pasar en el concurso de acreedores del Grupo Macri.

Como explicó en detalle la periodista Irina Hauser, el TSJ tomó un fallo de la Corte Suprema sobre un conflicto de competencia entre un juzgado nacional penal y uno contravencional, en donde la Corte habilitó para definir al TSJ. Sucede que muchos de esos juzgados podrían pasar a futuro a la órbita de la Ciudad. El tema es que todavía no se traspasaron. Y el TSJ se está metiendo en jurisdicciones que siguen siendo nacionales .

No es la primera ver que lo hace. En otra causa falló a favor del periodista Gabriel Levinas, quien había sido condenado en primera instancia a indemnizar a los sucesores del artista León Ferrari, lo que fue confirmado por la Cámara. Pero Levinas no fue a la Corte Suprema sino al TSJ larretista y se hizo de un fallo a favor. Luego le siguieron otros intentos, como el del policía Luis Chocobar, quien intentó zafar de la condena por asesinato recurriendo al TSJ.

El Tribunal viene de zafar de un juicio político en la Legislatura  gracias al bloque de Larreta, con la asistencia del de Martín Lousteau. El juicio se lo pidieron porque en una sentencia fueron contra el texto de la Constitución porteña, que establece que el Estado porteño debe garantizar el derecho a la educación “desde los 45 días”. Los supremos interpretaron que eso significa que Larreta no tiene obligación de proveer educación hasta los cuatro años. Y que el que se pueda pagar un jardín privado, no tiene derecho al público. Así le negaron su derecho a todos los niños y niñas que venían consiguiendo amparos para obtener vacantes. Los jueces los trataron de privilegiados, en un fallo que está escrito en parte en inglés. Como se puede ver, tienen estómago para firmar todo lo que se les pida.


COMENTARIOS