Sigue el debate

Coparticipación: Nación le transfirió a la Ciudad la primera cuota y ratificó su llamado al diálogo, que Larreta rechaza

El Gobierno nacional le transfirió al GCBA $2.243 millones por enero de 2021 y un proporcional de diciembre en concepto del primer pago de fondos coparticipables. También insistió en dialogar para llegar un acuerdo en 30 días, como indica la ley 27.606, pero el Ejecutivo porteño no quiere cumplirla y espera por la Corte.


Continúan los procedimientos legales para el pago de la coparticipación a los diversos distritos del país y, en cumplimiento de lo votado por el Congreso, el Gobierno nacional le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires la primera cuota de esos fondos por $2.243 millones correspondientes a enero de 2021 más un proporcional de diciembre.

El monto que se transfirió a la administración porteña equivale a la doceava parte (más el proporcional de diciembre) de la transferencia mensual y automática de 24.500 millones de pesos que la ley 27.606 fijó como condición transitoria hasta que entre en vigencia un acuerdo voluntario entre ambas jurisdicciones; un objetivo que, por cierto, hoy se presenta bastante lejano.

En ese contexto, además, el Poder Ejecutivo nacional reiteró el llamado al diálogo a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para alcanzar un acuerdo en un plazo de 30 días, como establece la ley 27.606.

La liberación de los fondos, que se giraron el viernes desde el Tesoro y ya fueron recibidos por la CABA, fue acompañada con el envío al jefe de Gobierno porteño de una nueva carta, en esta oportunidad firmada por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

El titular del Palacio de Hacienda invitó al alcalde porteño a encontrarse en persona "para construir un acuerdo adecuado en el marco de la institucionalidad", de acuerdo a lo que dispone la ley 27.606/2020, aprobada en el Parlamento nacional a fines de diciembre.

"Sería indispensable que esto (el encuentro con Larreta) ocurra dentro de los próximos 30 días, teniendo en cuenta el plazo que establece la Ley 27.606", subrayó Guzmán.

Sin embargo, y tal como ocurrió en la última convocatoria de Eduardo "Wado" de Pedro que Larreta rechazó, en el gobierno porteño volverían a rehusarse a aceptar la invitación del Ejecutivo de Alberto Fernández para negociar los fondos que le corresponden al distrito capitalino por el traspaso de la policía.

La administración del PRO considera, como ya dijo, que el "momento de dialogar ya pasó" y esperan una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al reclamo que presentaron a fines de 2020.

El conflicto está concentrado en la redimensión de los fondos asignados en el llamado Convenio de Transferencia Progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad de materia no federal (el traspaso definitivo de la Policía de la Ciudad a la órbita porteña), que entró en vigencia en el enero de 2016, al inicio de la gestión de Mauricio Macri.

El gobierno del Frente de Todos asegura que Macri incumplió dos preceptos constitucionales previstos para las transferencias de competencias entre jurisdicciones: en primer lugar,realizó el traspaso por decreto; y en segundo orden, que los recursos que asignó para ese fin, tal como planteó el ministro del Interior, representaban "más del doble del costo real para su funcionamiento".

Por esa razón -que a veces en off y otras en on desde el Ejecutivo nacional enfocan como el modo de Macri de financiar a Larreta-, a fines de diciembre y por impulso del oficialismo, el Congreso sancionó la ley 27.606 y acabó con ese favor.

La norma dispuso que el gasto anual que demande la transferencia de las competencias de seguridad a la CABA deberá "ser acordado de forma bilateral" entre el Estado nacional y el Gobierno porteño en un plazo de 60 días. De esos dos meses ya transcurrió la mitad, 30 días, y el gobierno de Larreta sigue negándose a aceptar llamados que no sean para hablar de la pandemia de coronavirus.

Es que Larreta insistirá en su estrategia de judicialización, como supo hacer el macrismo, y apostar una declaración de inconstitucionalidad.

"La cuestión por la que le escribo (el recálculo de los fondos coparticipables que Macri reasignó a la CABA con motivo de la transferencia de las funciones de seguridad al distrito porteño) constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente", le remarcó Guzmán en uno de los párrafos sustanciales.

E insistió: "Por ello sería necesario trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización".

La carta de Guzmán a Larreta no es la primera de su tipo: a principios de año, De Pedro despachó una nota similar, que el alcalde de la ciudad también rechazó.

En la administración porteña resisten cualquier acercamiento o diálogo que pueda ser interpretado como una aceptación a una medida anterior tomada por el Ejecutivo, el decreto 735/2020.

En ese decreto se estimó que la ampliación de los fondos coparticipables recibidos por el distrito porteño al inicio de la gestión de Macri (un 0,92% adicional, que se recordó del resto de las jurisdicciones) "carecía de la fundamentación necesaria".

En su nota dirigida a Larreta, Guzmán lo invitó a coincidir "en que los consensos y acuerdos son necesarios y sanos para Argentina" y llamó a construir "un ambiente de estabilidad y previsibilidad".


COMENTARIOS


ENCUESTA

¿Larreta le disputará el liderazgo del PRO a Macri?