Lo denunció por violencia durante 15 años, nadie hizo nada y ahora el Estado deberá indemnizarla

Olga Díaz, de 47 años y con cuatro hijos, hizo su primer denuncia en 2002 cuando intento separarse de su marido y este se negó, utilizando la violencia física. Durante años, Olga y sus hijas sufrieron golpes, amenazas de muerte y la destrucción de su hogar por parte de su ex marido Luis Palavecino. Pero también las instituciones violentaron a Olga: ni la el Poder Judicial ni la Policía la escucharon, o sí, pero la maltrataron.

Según consignó Clarín, en 2017 las primeras denuncias de Olga prescribieron y ella decidió presentar una nueva denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, en la que pidió que Palavecino fuera retirado del hogar, que se le impidiera acercarse a ella y a sus hijos y que le dieran un botón de pánico.

Se inició un expediente civil por violencia familiar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 85 y otro penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 12, los dos en la Ciudad de Buenos Aires.

La Defensoría General de la Nación (DGN) emitió un informe en le que denuncia las violencias que sufrió Olga durante el proceso judicial. En ese sentido, indica que se violaron "derechos fundamentales de la señora Díaz en tanto mujer víctima de violencia de género, quedando comprometido el deber estatal de actuar con debida diligencia reforzada frente a este tipo de casos". ¿Cómo see violaron estos derechos? Lo primero que se remarca es que eel agresor fue informado “telefónicamente” y “sin disponerse resguardos suficientes para la denunciante”.

Además, se fijó una “audiencia conjunta a la que ambas partes debían concurrir personalmente en contravención a lo dispuesto legalmente”. Cuando Olga no se presentó, dado que temía el encuentro con su agresor y no tenía patrocinio legal “el Juzgado no tomó ninguna medida, no se resolvió ninguna de las solicitudes que la señora Díaz realizó ante la Oficina de Violencia Doméstica y tampoco se averiguó el motivo de su inasistencia", explica el informe.

En medio de la desidia gubernamental, el 24 de marzo de 2017 Palavecino esperó que Olga saliera de su casa y la apuñaló cinco veces. Palavecino fue detenido, Olga operada y quedó internada durante más de un mes en el Hospital Pirovano. Debe tomar medicación de por vida.

Tras el hecho, se inicio una nueva causa penal en la que intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26, que ordenó la acumulación de las causas penales previas y dictó la prisión preventiva de Palavecino. Finalmente, el 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 21 lo condenó a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género en concurso con otros delitos como tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra un descendiente (respecto de su hijo), amenazas coactivas con armas en tres ocasiones (respecto de dos vecinos y un policía que intentaron detenerlo luego del ataque) y resistencia a la autoridad, lesiones y amenazas coactivas (respecto de los hechos denunciados el 2 de febrero de 2017 ante la OVD).

Tras la sentencia, Olga firmó un acuerdo con el Estado nacional, a través de la Defensoría General de la Nación al Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). En el mismo, el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial al caso de Olga, que significó una vulneración de tratados internacionales.

"Soy la voz de las que ya no pueden hablar. Esas mujeres no fueron escuchadas y yo fui una de ellas. Soy tan solo una sobreviviente”, dice ahora Olga. "Se ha reconocido el derecho de una víctima que ha salvado su vida milagrosamente. Es una satisfacción moral que el Estado reconozca su responsabilidad. Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos. En la medida en que no se deconstruya esto que forma parte del imaginario popular, siempre vamos a encontrarnos con que las denuncias de las mujeres se minimizan”, dijo la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

A partir de este acuerdo el Estado se compromete a brindarle a Olga una reparación, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. Además, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia debe brindarle asistencia integral a ella y a sus hijos. El Estado, además, se comprometió a elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación” dirigido a los operadores del Poder Judicial para generar buenas prácticas en la atención de estos casos; capacitar a jueces y personal policial en prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en las denuncias; convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para formular un Protocolo de articulación institucional; incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y crear un registro público de denuncias vinculadas a violencia de género, según consignó Clarín.