- FEMINISMOS
- 04.06.2026
A 11 años de la primera marcha, Ni Una Menos volvió a llenar las calles contra la violencia de género
Miles de personas se movilizaron este 3 de junio en Buenos Aires y otras ciudades del país para reclamar el fin de los femicidios, en una jornada marcada por casos recientes de adolescentes asesinadas y en medio de un debate político sobre las políticas de seguridad y género del gobierno nacional.
Este miércoles, al cumplirse once años de la histórica movilización que dio origen al movimiento Ni Una Menos, miles de mujeres, disidencias, familiares de víctimas y referentes sociales se concentraron principalmente frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, con actos simultáneos en distintas provincias. La convocatoria buscó visibilizar la persistencia de la violencia machista y exigir respuestas concretas del Estado, en un contexto donde los femicidios continúan ocurriendo con frecuencia alarmante.
Desde la primera marcha de 2015, impulsada por el femicidio de Chiara Páez, las organizaciones estiman que se registraron más de 3.400 asesinatos de mujeres en Argentina por razones de género. Esta cifra acumulada refleja un problema estructural que, según distintos observatorios, no ha sido erradicado pese a los avances en legislación y visibilización social. Datos oficiales del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina indican que en 2025 se registraron alrededor de 200 víctimas directas, lo que representó una baja respecto al año anterior —equivalente a un caso cada 44 horas aproximadamente—, aunque las organizaciones independientes suelen reportar números más altos al incluir femicidios vinculados y otras formas de violencia letal.
La marcha de este año tomó fuerza particular por femicidios ocurridos en los días previos. El caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, generó una fuerte conmoción nacional y se convirtió en uno de los símbolos centrales del reclamo. Del mismo modo, se mencionó el asesinato de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y el de Noelia Romero en la provincia de Buenos Aires. Estas tragedias recientes reactivaron el pedido de justicia y de mejoras en la protección a las víctimas, con críticas explícitas a la desidia judicial y las fallas en los mecanismos de prevención.
En el documento leído durante el acto central, las organizadoras exigieron responsabilidades concretas en casos emblemáticos y denunciaron violencias institucionales. Participaron familiares de otras víctimas, como las del triple crimen narco en Florencio Varela, y se escucharon testimonios de madres que han atravesado procesos judiciales complejos en busca de justicia.
El núcleo político de las manifestaciones de este año se concentró en confrontar de manera abierta con las directrices de la administración central de Javier Milei. Desde las lecturas de los documentos consensuados en las distintas plazas se acusó de forma directa al Poder Ejecutivo nacional y a las administraciones provinciales alineadas con sus políticas de vaciar de presupuesto y desmantelar por completo los ministerios, secretarías y programas territoriales orientados a la contención y prevención de las violencias. Las agrupaciones organizadoras calificaron la falta de contención estatal como una desidia institucionalizada que deja a los sectores más vulnerables sin asesoramiento jurídico ni recursos de emergencia, un panorama que se agrava por las severas condiciones económicas que limitan la autonomía financiera necesaria para abandonar entornos habitacionales peligrosos. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, destacó a través de sus redes una reducción del 25% en los femicidios desde el inicio de la gestión de Javier Milei, atribuyéndola a políticas de seguridad, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la creación de herramientas como el Registro de ADN para violadores. Estas afirmaciones contrastan con las críticas de las organizaciones, que señalan recortes en áreas de género y un discurso que pone en duda herramientas como el agravante de femicidio en el Código Penal, planteado por el Presidente en foros internacionales.
A pesar de las divergencias en la interpretación de los datos, la movilización se desarrolló de manera masiva y pacífica, con presencia de mujeres de todas las edades que expresaron su hartazgo ante una realidad que sigue cobrando vidas. El reclamo central se mantuvo enfocado en la necesidad de políticas integrales que garanticen que las mujeres puedan vivir libres de violencia, más allá de las cifras o las posturas partidarias. Once años después del primer grito colectivo, Ni Una Menos sigue siendo una expresión de la demanda social por cambios profundos.
Desde la primera marcha de 2015, impulsada por el femicidio de Chiara Páez, las organizaciones estiman que se registraron más de 3.400 asesinatos de mujeres en Argentina por razones de género. Esta cifra acumulada refleja un problema estructural que, según distintos observatorios, no ha sido erradicado pese a los avances en legislación y visibilización social. Datos oficiales del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina indican que en 2025 se registraron alrededor de 200 víctimas directas, lo que representó una baja respecto al año anterior —equivalente a un caso cada 44 horas aproximadamente—, aunque las organizaciones independientes suelen reportar números más altos al incluir femicidios vinculados y otras formas de violencia letal.
La marcha de este año tomó fuerza particular por femicidios ocurridos en los días previos. El caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, generó una fuerte conmoción nacional y se convirtió en uno de los símbolos centrales del reclamo. Del mismo modo, se mencionó el asesinato de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y el de Noelia Romero en la provincia de Buenos Aires. Estas tragedias recientes reactivaron el pedido de justicia y de mejoras en la protección a las víctimas, con críticas explícitas a la desidia judicial y las fallas en los mecanismos de prevención.
En el documento leído durante el acto central, las organizadoras exigieron responsabilidades concretas en casos emblemáticos y denunciaron violencias institucionales. Participaron familiares de otras víctimas, como las del triple crimen narco en Florencio Varela, y se escucharon testimonios de madres que han atravesado procesos judiciales complejos en busca de justicia.
El núcleo político de las manifestaciones de este año se concentró en confrontar de manera abierta con las directrices de la administración central de Javier Milei. Desde las lecturas de los documentos consensuados en las distintas plazas se acusó de forma directa al Poder Ejecutivo nacional y a las administraciones provinciales alineadas con sus políticas de vaciar de presupuesto y desmantelar por completo los ministerios, secretarías y programas territoriales orientados a la contención y prevención de las violencias. Las agrupaciones organizadoras calificaron la falta de contención estatal como una desidia institucionalizada que deja a los sectores más vulnerables sin asesoramiento jurídico ni recursos de emergencia, un panorama que se agrava por las severas condiciones económicas que limitan la autonomía financiera necesaria para abandonar entornos habitacionales peligrosos. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, destacó a través de sus redes una reducción del 25% en los femicidios desde el inicio de la gestión de Javier Milei, atribuyéndola a políticas de seguridad, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la creación de herramientas como el Registro de ADN para violadores. Estas afirmaciones contrastan con las críticas de las organizaciones, que señalan recortes en áreas de género y un discurso que pone en duda herramientas como el agravante de femicidio en el Código Penal, planteado por el Presidente en foros internacionales.
A pesar de las divergencias en la interpretación de los datos, la movilización se desarrolló de manera masiva y pacífica, con presencia de mujeres de todas las edades que expresaron su hartazgo ante una realidad que sigue cobrando vidas. El reclamo central se mantuvo enfocado en la necesidad de políticas integrales que garanticen que las mujeres puedan vivir libres de violencia, más allá de las cifras o las posturas partidarias. Once años después del primer grito colectivo, Ni Una Menos sigue siendo una expresión de la demanda social por cambios profundos.
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