JUDICIALES

Nuevos pobres y por delitos menores: el blanco del sistema judicial en plena crisis

Jóvenes que acaban de quedar en la calle. Nuevos adictos. Gente que robó para comer o revender para subsistir, sin antecedentes penales. A ellos apuntaron las fuerzas de seguridad en territorio porteño.



Un informe de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16 de CABA sobre la aplicación de la ley de flagrancia, elevado al procurador Eduardo Casal, reveló que entre junio de 2018 y junio de 2019 los casos que llegaron a judicializarse fueron en un 90 por ciento por delitos menores. Nuevos pobres y nuevos adictos, gente que robó para comer tras quedar en la calle, sin antecedentes penales. A ellos apuntaron las fuerzas de seguridad en territorio porteño.

La ley de flagrancia aplica para casos con penas de hasta 20 años de prisión, es decir que abarca casi todo el Código Penal, pero solo son los pobres y los nuevos pobres los judicializados.

“Del total de los casos relevados surge que en su mayoría son varones, jóvenes de entre 18 a 30 años, desocupados recientes, o que hacían trabajos en construcción, con primario completo o secundario incompleto, situación de calle o reciente situación de calle, que vivían en provincia, consumidores de sustancias prohibidas, o alcohol, o ambos, con familia disgregada, es decir población vulnerable, pobre o marginal que va en crecimiento. La mayoría son sin armas, robos pequeños, de celulares u objetos que se revenden o comida”, señala el informe, según difundió el diario Página 12.

La Ley de Flagrancia fue puesta en marcha en 2016, como un procedimiento jurídico sencillo y ágil –según anunció el Gobierno- para resolver con mayor eficacia los hechos en los que el autor resulta sorprendido en el momento de cometerlos o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública. Tres años después, se demostró ser usada como una herramienta para la gestión penal de los nuevos pobres, según confirmó a Página 12 Mónica Cuñarro, titular de la fiscalía que elaboró la estadística, profesora en la Facultad de Derecho UBA y especialista en delitos complejos y administración de justicia.

“Tienen 20 a 30 años, solo con primario completo o parte del secundario. Viven en la calle o se quedaron sin vivienda. Cuentan que tenían trabajos de changas o en negro y lo perdieron, o que no les alcanza”, describió sobre la mayor parte de los alcanzados por esta norma en la Ciudad. Y detalló que roban “lámparas, canillas, objetos de reventa, asado, salchichas, un termo, bebidas, alcohol. Lo que más impacta es que la mayoría son nuevos adictos, al alcohol o a cualquier sustancia. Esto antes en CABA se veía poco, hoy es habitual”.

Según el estudio presentado a Casal, en el último año de un total de 61 detenidos sólo 4 estaban armados. 16 fueron a juicio oral y a 18 se les concedió la probation: se suspende el trámite del proceso para que el imputado cumpla con ciertas pautas de conducta y se resuelva su desvinculación definitiva del hecho. Otros 16 acordaron juicios abreviados y solo 2 fueron sobreseídos. Otros fueron inimputables o declarados en rebeldía. El denominador es que se trata de nuevos desplazados del mapa, que ingresaron al sistema penal.

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