PROTESTA

Un reclamo de Justicia a dos meses del derrumbe que mató a un joven en San Cristóbal

Familiares y amigos de Adrián Continiello se movilizan para exigir respuestas a dos meses del derrumbe del edificio de Pavón y Urquiza.



El primero de abril, la casa donde vivía Adrián Continiello se derrumbó y lo mató. Hacía tiempo que vibraba, a raíz de las obras de construcción del terreno lindero. Pese a las denuncias, nadie había intervenido para frenarlas. A dos meses, familiares y amigos se movilizan esta tarde para reclamar Justicia.

La convocatoria es este viernes a las 19 en Pavón y Urquiza. Allí estaba la vivienda que Adrián compartía con su novia, Mercedes, y su cuñada, Rosario. Ellas no estaban en el momento del derrumbe fatal. Y quedaron en la calle. “Hasta ahora nadie se acercó del Gobierno a decirnos ‘qué necesitan’ o a darnos una condolencia”, se lamentó Rosario en diálogo con AM 750. Y agregó: “Me citó Diego Santilli. Me acompañó la Defensoría. Y me dijo ‘son cosas que pasan. Ha pasado en otros lugares’. Me daba ejemplos como el derrumbe de la calle Neuquén, el del gimnasio de Villa Urquiza. Nada más”.

“Nos hemos quejado, hemos llamado mientras estaba funcionando la máquina y teníamos vibraciones. Llamábamos adonde pensábamos que nos podían ayudar, al 147”, señaló a esa radio Mercedes. Los vecinos también habían hecho denuncias. Pero no alcanzó.

“Familia y amigos no bajamos los brazos. Mañana (por hoy) a las 19 en Pavón y Urquiza seguimos pidiendo justicia por Adrián, víctima del derrumbe de San Cristóbal provocado por Lybster S.A.”, difundieron los Continiello a través de la cuenta @justiciaporadri

El arquitecto Eduardo Aguaviva, al frente del proyecto y su dirección, había sido intimado a hacer tareas de apuntalamiento de medianeras para poder seguir con los trabajos, según informó la Agencia Gubernamental de Control (AGC). La inspección previa al derrumbe había sido el 25 de marzo y había otra inspección prevista para la semana del derrumbe fatal. En tanto, un mes antes la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) había radicado una denuncia por falta de señalización y protección de zanjas y excavaciones, ausencia de elementos de seguridad para albañiles y otras anomalías.

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