COMUNA 4

Intentan desalojar 100 familias en Parque Patricios

Un privado pretende desalojar 100 familias que viven en una ex fábrica textil en el barrio de Parque Patricios. El Instituto Nacional de la Vivienda (IVC) no les da respuesta pese a que se conformaron como una cooperativa para poder comprar el inmueble.


El edificio está ubicado en Santa Cruz 140, en el barrio de Parque Patricios, un empresario lo quiere desalojar, allí viven 100 familias. En caso de ocurrir el desalojo, será uno de los más masivos y dramáticos de la historia reciente.
 
Aproximadamente 400 personas que quedarían en la calle, de las cuales 131 son menores de edad. En ese edificio funcionó la hilandería SELSA, una empresa fabricante de toallas. En la década de 1990, cuándo la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, solo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado, y a partir del 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.
 
"El toallero", la "casa Santa Cruz" o "Villa Cemento" ocupa una manzana de 6.500 metros cuadrados frente al parque Florentino Ameghino. Son cinco pisos conectados por una escalera y consta de una terraza. Cada rincón, pasillo y ambiente tiene la impronta de las manos de los constructores improvisados, que adaptaron los habitáculos y espacios en función de sus necesidades. Como si fuera un conventillo, pero puesto en pie por su propio trabajo.
 
En 2010, el edificio de la sede social fue subastado, y las familias que allí vivían intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron. Con todos sus habitantes dentro, fue comprado por $ 1.550.000 por Leonardo Ratuschny, quién inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo.
 
Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares. Además, aparece como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego llevar a cabo el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales.
 
En medio de una larga pulseada legal, los vecinos lograron poner en pie una organización comunitaria. Constituyeron una comisión vecinal, con delegados por piso y ampliaron su apoyo social con organizaciones sociales, políticas y ONG que les suministraron patrocinio legal. También recibieron el respaldo de un equipo interdisciplinario de antropólogos y especialistas de la UBA y Conicet, que se encargaron de analizar las condiciones socioambientales del edificio.
 
Desde entonces, las familias continuaron llevando adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) para ingresar en las operatorias de la Ley N° 341 y sus créditos, conformados como Cooperativa Papa Francisco, pero sin respuesta favorable por parte del Gobierno.
 
Funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341, informaron que ésta estaba desmantelada, desfinanciada, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que actualmente tienen viviendas en proceso de construcción.
 
A pedido de los habitantes, en 2015, se organizó una audiencia con la participación de Ratuschny y el IVC con la finalidad de llegar a un acuerdo de venta. Ratuschny valuó el edificio en $ 30.000.000. En ese momento el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo valuaba $ 8.000.000, y una inmobiliaria de la zona en $ 15.000.000. No se llegó a un acuerdo.
 
"No hay una ayuda por parte del Gobierno ni nada. Dicen váyanse a la calle y listo. Queremos un tiempo o algo donde ubicarnos", contó a Infobae Milton Jesús. "Todos hacen oídos sordos. Lo que nos darían en el Ministerio de Desarrollo Social no nos alcanza para alquilar una habitación en ningún lugar, que están costando casi 10 mil pesos por mes", afirmó la referenta Susana Ordoñez.
 
"Hay vecinas que no duermen y están nerviosas hace días. Todo lo que hay acá lo hemos construido entre todos. Hay gente mayor, hay niños, hay discapacitados y mujeres embarazadas. No perdemos las expectativas de que se pueda llegar a una solución. Pero si vienen a desalojar, vamos a resistir", concluyó Ordoñez.
 
El jueves pasado se realizó una amplia asamblea donde se acordó realizar un festival en defensa de los derechos de las familias el próximo viernes a las 19.30 horas frente a Casa Santa Cruz.
 
 
 


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