Protocolo antitomas recargado

En el nombre del padre

La decisión de un fiscal de imputar a 43 padres y madres por no haber impedido a sus hijos e hijas que tomaran secundarios el año pasado es de dudosa legalidad y traspasa límites de derechos y de la autonomía de los adolescentes.

Werner Pertot


La realidad supera a la realidad. Un fiscal alineado con la doctrina antitomas del macrismo decidió imputar a 43 padres y madres de chicos y chicas que tomaron colegios en año pasado. Les imputa no haber impedido a sus hijos ejercer su derecho de protestar de forma más decisiva. Y por lo tanto buscará indagarlos y obligarlos a pagar miles de pesos en multas. Se trata de una decisión que avasalla el derecho a la protesta de los estudiantes y, a su vez,  la autonomía de los adolescentes. Además, incurre en una novedad legal: la transferencia de la responsabilidad contravencional o penal del hijo al padre. Un hallazgo de esta época, a no dudarlo. Pero que reconoce su antecedente en los sucesivos protocolos antitomas que intentó dictar el Gobierno PRO. Uno de ellos sigue peligrosamente vigente.

Sin duda, hay que sacarle fotos al fiscal porteño Carlos Rolero Santurian porque va derecho a los libros de historia a la hora de intentar cercenar derechos. Al fiscal se le ocurrió que era una buena idea imputar a las madres y los padres por las presuntas contravenciones cometidas por sus hijos en una protesta como es una toma de un secundario. El funcionario judicial aseguró que los padres son responsables por lo que hicieron sus hijos porque no los detuvieron:“Los padres tenían conocimiento de la conducta que realizaban sus hijos y no hicieron nada para impedirlo cuando debían hacerlo”. No especificó qué método hubiera preferido para impedirles protestar: si el cinturón o los golpes de regla en las manos.

El fiscal parece desconocer que, pese a ser menores de edad, los adolescentes tiene una dosis de autonomía mayor a la que pretende otorgarles. Rolero Santurián busca avanzar con indagatorias a madres y padres y obligarlos o bien a pagar multas de hasta 10 mil pesos o bien a hacer “trabajos de utilidad pública”. La denuncia original fue impulsada por la procuración porteña, es decir, por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien viene tensando todos límites de la convivencia democrática en el ámbito educativo. Paradójicamente, la ministra de Educación, Soledad Acuña, festejó el hecho como una defensa de la democracia.

No sorprende que el macrismo busque tratar como criminales a los estudiantes que protestan o a sus padres. Ya lo había intentado en sucesivos protocolos antitomas que fueron impugnados judicialmente uno tras otro. Un último intento todavía está vigente y prevé que, una vez que la directora de la escuela constata la toma, interviene la procuración porteña. Los resultados están hoy a la vista.

Cinco veces el macrismo intentó prohibir las tomas. El primer protocolo que intentó aprobar el macrismo data del primer año de Macri como jefe de Gobierno: en 2008 buscaron prohibir la protesta y la jueza Elena Liberatori lo anuló. En 2010 y 2012 el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich intentó prohibir nuevamente las tomas y dos veces más fue anulado el protocolo. Bullrich, recordemos, también sacó un 0800 para denunciar la actividad política en las escuelas. En 2017, ya con Soledad Acuña, llegó el cuarto protocolo antitomas. En este caso, abandonaron toda sutileza: ordenaban a los directores de escuela a denunciar a los menores de edad a la policía. Pese a que la instrucción salió de una cuenta oficial de la dirección de Escuela Media, la ministra Acuña negó que fuera un documento legítimo y sostuvo que ella no había dado la orden. Pese a esto, en cuatro colegios cumplieron la directiva emanada del Ministerio de Educación y denunciaron estudiantes. La jueza Liberatori volvió a anular la disposición.

El quinto intento fue más sutil y es el que pervive. En él, les ordenó a los directores de escuela llamar a los padres para que “se lleven” a sus hijos. Si no lo hacen, los conminó a hacer un inventario de los secundarios para registrar los daños que, presumen, los adolescentes harán y luego poder cobrárselo a los padres y madres. De esta forma, no muy pedagógica que digamos, se busca poner a hijos contra padres, ya que busca instarlos a que firmen un documento asumiendo la responsabilidad penal y civil.

Allí aparece esa transferencia de responsabilidad penal que el fiscal Rolero Santurián retoma. “Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras, porque se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas", sostuvo la ministra Acuña. La funcionaria tampoco explicó cuáles serían las “acciones coercitivas” que se le recomienda a los padres: estimo que el uso de golpes, la reclusión y los latigazos están excluidos.  El fiscal admitió públicamente que lo que se persigue es evitar futuras tomas, por si quedaban dudas de que está haciendo el trabajo sucio de la gestión PRO.

Los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva impugnaron este quinto protocolo y consiguieron un fallo favorable en primera instancia. No obstante, la Cámara de apelaciones volvió a reinstaurar el protocolo, que ahora se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia porteño.  En tanto, distintos juristas advierten que la decisión de imputar padres por una contravención que le transfieren de sus hijos es insconstitucional y que desconoce a las y los adolescentes como sujeto de derecho. Habrá que ver hasta dónde llega esta cruzada punitivista.

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