LA CIUDAD TUTELADA

A Larreta lo reglamentaron

El jefe de Gobierno se vio forzado a aceptar el reglamento de Patricia Bullrich, luego de despedir a su ministro de Justicia y Seguridad. Las modulaciones que le daban la razón a Martín Ocampo.

Werner Pertot
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Es extraño. Mientras la mayoría de los gobernadores le huyen al reglamento de Patricia Bullrich que habilita a las fuerzas federales a usar sus armas incluso cuando una persona está huyendo y les da la espalda, mientras Elisa Carrió cuestiona esa iniciativa y la asocia “al fascismo”, mientras María Eugenia Vidal se desmarca en forma ostensible de esa movida, mientras todo esto ocurre, Horacio Rodríguez Larreta va y, solito, dice que va a apoyar el reglamento. Raro en un dirigente político que se cuidó siempre que pudo de ser empujado por Bullrich precisamente al lugar en donde quedó la semana que pasó: enfrentando piqueteros y pidiendo mano dura. En el Gobierno porteño no dan lugar a otra conclusión: “El pelado está muy apretado después de lo de Ocampo. O estás con Bullrich o no estás más”, dicen. Algunos llegaron a insinuar que la presión es aún peor que la que tenía el kirchnerismo con Mauricio Macri.

El alineamiento incondicional de Larreta con lo que le manden de Nación se verificó esta semana con el reglamento de Bullrich, muy cuestionado por la oposición y los organismos de derechos humanos porque habilita a la policía a matar y justificarlo –por ejemplo- con un movimiento sospechoso que les hizo pensar que la víctima tenía un arma. En el Gobierno bonaerense, que cada vez se desmarca más del nacional, desde el primer día me adelantaron que no iba a haber chance alguna de aprobar ese reglamento.

Pocos días más tarde, lo salió a confirmar la gobernadora Vidal, que hizo gala de su diplomacia para desmarcarse: "En el caso de la provincia de Buenos Aires nosotros ya tenemos una ley, vigente desde 2006, que define claramente cómo debe actuar la Policía en el uso de armas de fuego”, fue la forma elegante de decirle que no a Bullrich. Lo que no quiso decir Vidal lo salió a decir su secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón:  “El protocolo para las fuerzas de seguridad federales no respeta los principios esgrimidos desde Naciones Unidas, por lo que el uso de armas de fuego queda diluido y resulta ser vago por lo que genera un peligroso antecedente para la ciudadanía”, advirtió el funcionario bonaerense, uno de los tres encargados de revisar el reglamento junto con el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, y el de Seguridad, Cristian Ritondo. Los tres le recomendaron a Vidal no aceptarlo.  “Da la impresión de que el protocolo planteado por la Nación es un riesgo para todos y se acerca más a lo que dicen las encuestas de opinión sobre la mano dura que a principios éticos que deben guiar a una sociedad”, lapidó Cantón a la iniciativa nacional. A Vidal le siguieron algunos gobernadores aliados (como los radicales Gustavo Valdes y Gerardo Morales) en la negativa y la gran mayoría de los peronistas.

Y aquí llegamos a lo curioso: Vidal y Larreta suelen actuar en tándem ante el gobierno de Macri.

En este caso, ocurrió todo lo contrario. El jefe de Gobierno salió, solo, solísimo, como cuando puso la cara para hacerse cargo del fallido operativo en River, y dijo: "La Ciudad va a adherir al nuevo protocolo. Es un trabajo en equipo. Trabajamos muy bien con el equipo de seguridad nacional. Patricia nos agradeció nuestra participación durante el G20. Nosotros trabajamos con ellos. Somos un solo equipo, así que en esto trabajamos juntos también".

Cuenten cuántas veces Larreta dijo “equipo”. La sobreactuación de la buena sintonía no indica nada bueno. El Gobierno porteño quedó particularmente golpeado luego del fallido operativo en River, que terminó con la suspensión de la superfinal de la Copa Libertadores y su traslado a Madrid. La puja entre la Ciudad y la Nación por quién había sido responsable terminó ferozmente con la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo. Antes de irse, Ocampo sostenía que Bullrich era responsable porque la que debería haber intervenido en la zona de los incidentes para evitar el contacto del micro de Boca Juniors con una multitud era la Prefectura. La semana pasada hubo un episodio interesante durante un reportaje en Radio con Vos: Bullrich fue interpelada por el periodista Gustavo Grabia, que le señaló que existieron audios de modulación policial en que le pedían a Prefectura que cortara las calles. “Prefectura estaba ahí y no sabía que tenía que correr a la gente”, respondió Bullrich, notoriamente molesta por el tono que tomaba la entrevista. Llegó a aclararles que ella esperaba de los periodistas un reportaje con elogios por el G20. Cuando le señalaron que existían modulaciones que probaban su responsabilidad, respondió: “Está faltando a la verdad. En ningún momento se le modula a Prefectura y se le dice ‘mueva a la gente’”. Luego, el periodista pasó al aire las modulaciones. “Prefectura que corte”, decía el audio de la modulación. Conclusión: Ocampo tenía razón en esto y lo echaron para salvaguardar a Bullrich de la responsabilidad que tuvo en el desastre. Y para preservar algo todavía más importante: el lema de campaña de Macri en 2019 que, a falta de la economía, será la seguridad.

No obstante, Larreta tiene un problema: pese a su voluntad de resignar autonomía y obedecer a Macri (el reemplazante de Ocampo, Diego Santilli, se pasó la semana intentando impedir piquetes y sosteniendo que no se permitirán más cortes de calle), le cayó un fallo judicial que le prohibió adherir a ese reglamento, que –además- fue declarado inconstitucional. El fallo fue firmado por el juez Andrés Gallardo, al que los funcionarios macristas salieron a cuestionar y hasta buscaron tirarle algún carpetazo de baja intensidad. No es la primera vez que lo hacen.

Es importante no perderse en la confrontación barrobajera que busca instalar el macrismo y prestarle atención a los argumentos del juez, que nadie rebatió: “De la simple lectura de la resolución 956/2018 se verifica que se da de bruces con los principios convencionales y constitucionales expuestos y, desde luego, con la teleología del sendero que marca la ONU”, indica el magistrado que cita los tratados internacionales y los contrapone al reglamento de Bullrich. Cualquiera que sepa leer se puede dar cuenta de que no dicen lo mismo y que la ministra está mintiendo en este aspecto, así como los periodistas que eligieron repetir ese relato.

El magistrado advierte que el reglamento nacional no detalla taxativamente la situaciones de uso de armas de fuego sino que indica algunos ejemplos “entre otras situaciones”, con lo que deja aún más abierto el uso de armas a la discrecionalidad policial.  “Se habilita a los agentes al uso discrecional e impune del arma de fuego”, deduce. “La norma presenta tan evidentes deficiencias y lagunas que si no son fruto de la torpeza no pueden sino significar un deliberado intento de eludir los deberes constitucionales y convencionales que pesan sobre el Estado al momento de hacer uso de la fuerza”, advierte Gallardo.

El juez recuerda también la cantidad de casos de gatillo fácil relevados por la CORREPI y concluye en que la norma “constituye una reacción espasmódica, chapucera  y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad”, pero “lejos de ayudar a la seguridad de los habitantes los somete a un riesgo adicional”. Bajo el subtitulo “la doctrina Chocobar enraizada en las prácticas del Far West”, indica que toda la política de seguridad de Bullrich parece resumirse en “quien dispara primero”. Compara esta lógica con la del Far West, en donde todo se resumía en quién sacaba más rápido la pistola. “La criminalidad no se resuelve con el uso indiscriminado de armas de fuego”, indica. Y, con ironía, el juez invita a Bullrich a tomar nota de que las sociedades evolucionaron desde el Lejano Oeste y a leer textos del sociólogo Pierre Bordieu, entre otros. Gallardo también advierte sobre la autonomía de la Ciudad: “No es el patio trasero de la autoridad federal”. Larreta haría bien en recordarlo. 


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