Fuerte operativo policial en la Legislatura por la firma del dictamen de la Unicaba

La legislatura porteña amaneció este viernes vallada y con un fuerte operativo policial, en el marco de la reunión de comisión en la que se dará dictamen al polémico proyecto de ley que busca crear la Universidad para Docentes porteños, más conocida como Unicaba. La reunión comenzará a las 10.30.  Estudiantes, docentes y directivos que llevan un año reclamando en contra de esta medida convocaron a manifestarse a la puerta de Perú 160. 



El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió una nueva versión del proyecto a la Legislatura el pasado 3 de septiembre. Pese a que la versión oficial es que se garantiza la coexistencia de los 29 institutos de formación docente con la Unicaba, desde las comunidades educativas de los profesorados y traductorados porteños mantuvieron firme el repudio y advirtieron que la creación que propone el oficialismo implicará, en los hechos, el arrase de los institutos.  

 

Por otro lado, la ministra de Educación, Soledad Acuña, sufrió un duro revés esta semana. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno porteño que, en un plazo de 10 días, cumpla con su deber de dar información a la comunidad educativa sobre la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

El amparo había sido iniciado por un grupo de rectoras y rectores del CESGE, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. En su planteo, solicitaron que el Ministerio de Educación porteño informe si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos.

También reclamaron precisiones sobre la transferencia del personal a Unicaba, por caso si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad. Según informó el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Carlos Balbín consideraron que, respecto de algunas de las preguntas efectuadas, las respuestas brindadas por el Ministerio de Educación eran una réplica parcial e insuficiente