CIUDAD

Detractores violentos de la Educación Sexual Integral

Las diferencias de respaldo estatal, (que en muchas ocasiones son sustanciales) en cada provincia, e incluso, en cada institución, son también un factor que opera en la habilitación de estos adultos que fundamentan sus intervenciones sobre la base de comprender a los niños y niñas como si se tratasen de una propiedad o un objeto.

Matias Segreti
Se cambian los valores de las cosas, ustedes están cambiando los valores”, “no voy a obedecer una ley perversa que me somete a mí, y a mi familia que la sexualidad es un constructo social”. Con estas frases irrumpió un grupo de adultos en una escuela de la provincia de Buenos Aires, con el ánimo de interrumpir lo que establecen los programas educativos oficiales y la ley de Educación Sexual Integral (ESI) que rige en todo el país.

Las diferencias de respaldo estatal, (que en muchas ocasiones son sustanciales) en cada provincia, e incluso, en cada institución, son también un factor que opera en la habilitación de estos adultos que fundamentan sus intervenciones sobre la base de comprender a los niños y niñas como si se tratasen de una propiedad o un objeto. Hemos oído en reiteradas oportunidades decir que, “mis hijos son míos, y yo los educo como quiero”.

Para que la ESI como derecho y acceso al conocimiento sea efectivo, resulta necesaria la intervención del estado como garante, impulsor y sostén de una perspectiva que transforme la mirada que tienen algunas familias sobre sus propios hijos e hijas. El desarrollo de la educación sexual integral no confunde a los niños y niñas, pero sí fastidia e irrita a las familias que, con resultados fatídicos, (que se pueden traducir en homofobia, lesbofobia, transfobia, violencia, abusos, etc.), se escudan en sus hijos e hijas para no rivalizar contra sus propios prejuicios.

La necesidad y el reclamo por un estado fuerte que centre su mirada en los niños/as como sujetos de derecho, posibilitará que las concepciones heredadas por cosmovisiones misóginas, machistas y descalificatorias sobre la integralidad de la sexualidad, se debatan en el seno de las instituciones que tienen como función social, educar a las diferentes generaciones.

Si los gobiernos provinciales y municipales emergen como actores que respaldan el cumplimiento de la ley, los conflictos provocados por la aparición autoritaria de estos grupos, no dejaran a la intemperie a los/as miles de docentes que apuestan a la educación como herramienta de transformación socio cultural y a sus alumnos como sujetos, nunca como objetos o propiedades.

Por lo general, las apariciones de estos grupos que violentan a las instituciones educativas, carecen de un profundo conocimiento sobre la normativa vigente que regula las relaciones sociales, educativas y sexuales en nuestro país. Por eso, resulta también indispensable, la formación sostenida de los/as educadores/as en la actualización y didáctica de la materia.

Religión e ideología de género

La educación religiosa, y el credo, como fundamento de la fe, se basan en la aplicación doctrinaria de preceptos, que indican ciertas conductas morales, devenidas en valores. En nuestro país, que tiene un desarrollo del credo cristiano extensamente difundido y practicado, los valores enunciados por sus documentos, tienden a homologar genitalidad con orientación sexual. Por lo tanto, cualquier consideración que se desvíe de esa norma “divina”, es sujeta de oprobios, cuestionamientos e incluso intervenciones cargadas de violencia, como las que hemos visto en estos días.

Como señala Juliana Martínez “diga lo que diga un libro sagrado, en los países donde los derechos de los niños/as son ley, un padre no puede vender a su hija, ni un marido puede lapidar a su esposa porque le ha sido infiel”, y si lo hiciera, sería un delito grave. La educación sexual integral cuestiona estas doctrinas, desde una perspectiva amorosa e inclusiva, poniendo en cuestión la construcción de valores sagrados fundamentados en el temor y la exclusión.

El otro componente que aparece de manera recurrente, es el intento de descalificar la educación sexual integral desde la categoría “ideología de género”.

Los detractores de la ESI que fundamentan su rechazo desde esta posición, no hacen otra cosa que repetir fórmulas pseudocientíficas, que tienen su origen en la naturalidad de las especies, en la genitalidad como organizador de la vida sexual y en teorías construidas en el siglo XIX, como si el ser humano se tratara de un animal salvaje.

La Convención Internacional de los Derechos de los NNyA, reconoce que los niños son individuos con pleno derecho al desarrollo físico, mental y social, despejando la posición estrictamente biologicista a la que aluden los detractores de la ESI.

El riesgo de que se impongan estas miradas sesgadas es que los niños y niñas no puedan advertir sobre el cuidado de su propio cuerpo, no puedan considerar el cuidado de los otros y otras como elemento de reciprocidad social, no incorporen el derecho a decidir sobre la propia existencia y cuerpo, y que se aprenda a reprimir la afectividad y sexualidad con trastornos severos para la salud mental, física y emocional, entre otras cosas.

La educación sexual integral es un derecho, y en esta época de arrebatos y estrangulamiento de conquistas, es indispensable construir las fuerzas necesarias para defenderla y promoverla en cada rincón del país.

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