¿Cuántos edificios le regaló el Gobierno porteño a la Iglesia en los últimos años?

La relación entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Gobierno nacional está bajo la lupa desde que se perdió el debate por el aborto legal en el Congreso. Si bien hubo denuncias previas, luego de este hecho histórico se intensificó la lucha por un Estado laico.

La Ciudad de Buenos Aires no queda afuera de este debate. Los legisladores del FIT Myriam Bregman y Patricio Del Corro presentaron un proyecto de ley que busca eliminar tres leyes porteñas que entregan inmuebles de forma gratuita a la Iglesia.

En los fundamentos del proyecto se argumentó que los “privilegios que poseen las organizaciones religiosas implican que todos los habitantes de la Ciudad, independientemente de la religión que profesan o, aunque no profesaran religión alguna, están sosteniendo económicamente determinado culto y privan al Estado de ingresos que podrían ser utilizados para el desarrollo de políticas públicas”.

Y agregaron que va en contra del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad que establece que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la Ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.

“Este privilegio de contar con el beneficio de terrenos públicos es inconstitucional y resulta en una discriminación frente a aquellos y aquellas no creyentes, generando un gasto que debería correr por cuenta del ámbito privado de cada una de las congregaciones religiosas”, argumentaron.

Las tres leyes que intentan anular son las 5446, 5194 y 1286. Cada una de ellas cede inmuebles que pertenecen a la Ciudad al Arzobispado de Buenos Aires.

Ley 5446

Esta normativa del 2015 determina que son 17 inmuebles, 14 de los cuales son entregados de forma permanente y el resto por 20 años, de un total de 30.000 m2.

Bregman y Del Corro denunciaron: “En el mismos se mezclaron distintos privilegios. Por un lado, se le otorgó algunos valiosos terrenos como de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto en Coronel Díaz y Juncal o de la Parroquia Sagrada Eucaristía en Palermo. En este grupo también podemos encontrar la privatización de algunos espacios verdes como los que se encuentran en la Plaza Houssay espacio verde ubicado a la altura de Figueroa Alcorta al 7300”.

Otro punto a destacar de esta ley es la entrega de terrenos en la zona sur de la Ciudad con el fin de realizar “tareas sociales”. Los impulsores del proyecto denunciaron que es el argumento para retirar “las políticas públicas de las zonas más vulnerables de la Ciudad”. Y explicaron que “en esa zona donde está el mayor problema de vacantes en la escuela, donde hay peores indicadores socio laborales, llegando al caso de la comuna 8 donde se sigue sin tener un hospital que pueda atender enfermedades de alta complejidad”.

Ley 5194

Con esta ley aprobada en 2014, el Ejecutivo porteño entregó a la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús un permiso de uso precario a título gratuito por el plazo de veinte años por una fracción de terreno ubicada detrás de la iglesia. El conflicto con este terreno nació en 1979 cuando la Junta Representativa Vecinal Saavedra le concedió el uso precario. Bregman y Del Corro denuncian que “la institución utilizó este espacio de forma ilegítima dado que el decreto no autorizaba a la Junta a transferirlo a un tercero”. En los terrenos hay una cancha de fútbol 5 y otra de fútbol 11 que han sido hasta alquiladas a terceros, usando los terrenos públicos para el lucro de la parroquia.

Otras irregularidades que se denuncian son: construcciones que avanzan sobre la vereda, un cerco que veda el acceso al público, iluminación nocturna para usufructuar el alquiler de las canchas y se han realizado denuncias por ruidos molestos.

Ley 1286

Esta normativa aprueba el Convenio N° 9/98, suscripto por el exjefe de Gobierno Fernando De La Rúa y el Papa Francisco, cuando era Arzobispo, en 2004. Aquí se le cede el predio donde funciona la Iglesia Santa Felicitas en el barrio de Barracas “como lugar consagrado a la celebración de los actos propios del culto público de la Iglesia Católica”, para lo cual se designaría a un Presbítero Rector, cuyo sostenimiento estaría a cargo del GCBA. Dicho terreno había sido donado a la Ciudad en 1983 por la familia Guerrero.

Según detallan en el proyecto de ley, el Gobierno tendría a su cargo las siguientes erogaciones: a) el mantenimiento, administración y conservación del bien, su vigilancia, limpieza y cuidado, la designación y retribución del personal necesario para ello, incluido el sacristán, todo sin perjuicio de las atribuciones del Presbítero Rector en orden a su misión específica y las propias de su actividad cotidiana; b) la provisión del mobiliario indispensable, línea telefónica, fax y equipo de sonido; c) el pago de los servicios de electricidad, de gas, teléfono y de agua corriente; y d) la contratación de seguros para la adecuada cobertura de personal y bienes. Así como también reconocía la necesidad de efectuar las obras necesarias incluyendo la casa para el citado Presbítero Rector.