VIVIENDA

Desalojos por decreto: preocupación por la modalidad implementada en la Villa 31

Un gran operativo policial, sin orden judicial, concretó el desalojo de quienes se resistían a ser relocalizados por el avance de la Autopista Illia. El aval para el procedimiento fue un decreto del Ejecutivo, con el argumento de que había riesgo de colapso. “Es un antecedente muy peligroso”, advierten.



El sábado por la mañana, un gran operativo de la Policía de la Ciudad sorprendió en un sector de la Villa 31. Buscaba concretar el desalojo de vecinos que se resistían a ser relocalizados, en el marco del avance de las obras de la traza de la Autopista Illia. Hoy fue publicado el decreto, firmado el viernes último, que avala el procedimiento. El desalojo se concretó sin orden judicial, con un decreto del Ejecutivo. “En el proyecto de urbanización de la 31 es la primera vez que pasa. Es muy extraño y es un antecedente muy peligroso”, advierten en el barrio.

El decreto 61/18, publicado hoy en el boletín oficial pero fechado el viernes 23 de febrero –un día antes del desalojo- lleva la firma del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. En el texto se hace referencia a la “situación de riesgo estructural, con peligro de colapso actual e inminente, que presentan las construcciones identificadas como Casas Nros. 15 y 21 de la Manzana 12 del Sector ‘Cristo Obrero’ del Barrio 31 y 31 Bis”. Y señala que “resulta aplicable el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispone: ‘El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial (…) Que en orden a ello, dado que no cuentan con las condiciones básicas de seguridad para ser habitadas y amenazan ruina, resulta necesario proceder a la desocupación administrativa de las construcciones”.

Así, decreto mediante, se dio vía libre al desalojo sin orden judicial. “En el proyecto de urbanización de la 31 es la primera vez que pasa. Es muy extraño y es un antecedente muy peligroso. Más que nada por los argumentos que plantean. El argumento del riesgo estructural de la vivienda es peligroso porque puede repetirse y usarse en un montón de instancias. Es muy llamativo”, resaltó en diálogo con Nueva Ciudad Lucía Jolías, delegada general de la Junta Interna de ATE La Mugica, por estos días participando de la permanencia pacífica en el Ministerio de Hacienda de la Ciudad, a modo de protesta contra los despidos.

El desalojo realizado el sábado apuntó especialmente a la vivienda de una vecina que se resistía a ser relocalizada, denunciando que pretendían mudarla a una vivienda en peores condiciones que la suya. Después de varias horas de amenazas y gas pimienta, la mujer aceptó irse. Pero el proceso sigue: restan alrededor de 70 familias por relocalizar, en el marco de esta primera etapa.

“Esto se hace supuestamente en el marco de la urbanización, pero para ellos la prioridad es la autopista y los tiempos que fue poniendo AUSA (Autopistas Urbanas). Los avisos de relocalización fueron antes del debate en la Legislatura, por ejemplo. Y todas estas relocalizaciones son en función de donde cae el primer pilote de la autopista”, señaló Jolías.

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