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Los Defensores del Pueblo manifestaron la necesidad de realizar audiencias públicas por el tarifazo

Además reafirmaron que ellos deberán participar de esta instancia, exponiendo las caraterísticas de cada provincia y municipio.

Los Defensores del Pueblo de la Republica Argentina se reunieron en Corrientes para analizar la situación que vive la Argentina tras el aumento de tarifas y concluyeron que "la aplicación del nuevo cuadro tarifario adoleció y adolece de deficiencias en cuanto a lo normativo y en cuanto al reconocimiento de realidades regionales y sociales. Las medidas judiciales han sido la respuesta desde distintos sectores a la aplicación de los aumentos sin cumplir con obligaciones básicas como por ejemplo la realización de las Audiencias Publicas previstas en la legislación vigente".

En este marco, reafirmaron "la necesidad de la realización de las Audiencias Públicas, donde el Gobierno Nacional detalle el cuadro de situación Energético actual, la propuesta de inversión y desarrollo como política de estado de cara al futuro, la definición de las tarifas, la definición de la tarifa social ampliada, incluso con la posibilidad del acceso automático a la misma, la consideración de las economías regionales, la situación de las PyMEs, generadorás del 70% del empleo en la Argentina, la progresividad y la razonabilidad en los aumentos".

Además, en un comunicado detallaron que "como Defensores del Pueblo de la Argentina, habremos de participar en las audiencias fijando no solo una postura común, sino también detallando las situaciones propias con las características de cada una de las provincias y municipios".

En este contexto, detallaron que se presentaron ante la Corte Suprema como "amicus curiae para expresar en ese ámbito también las posturas que venimos sosteniendo. Allí nuestro aporte es el de acercar la realidad inmediata de los vecinos, de los comercios, de las PyMEs y de propuestas que permitan hacer razonable, progresivo equilibrado y con responsabilidad social los aumentos que se definan".

Así, entendieron que "el Estado tiene un rol central en la producción y administración de la energía, pero también y fundamentalmente, en la protección de los sectores más vulnerados. El Estado es el ordenador social por naturaleza y ese es el rol que debe cumplir con mayor responsabilidad en esta etapa. Hoy hay incertidumbre, desorden y falta de certeza sobre lo que cada vecino debe hacer frente a los aumentos".

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