Ferraro presentó proyecto de ley para aplicar fideicomiso ciego para Larreta y la Corte porteña

La Coalición Cívica propuso que sea obligatorio para Horacio Rodríguez Larreta, su gabinete y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires La constitución de un fideicomiso ciego por parte de funcionarios públicos para evitar “sospechas” sobre sus bienes.

El titular del Ejecutivo nacional tomó esa decisión luego de las repercusiones por el escándalo internacional denominado Panamá Papers, que destapó una red de sociedades off shore en paraísos fiscales que complicó a figuras públicas y dirigentes políticos de todo el mundo, inclusive el ex alcalde porteño. A meses de ese anuncio, Macri firmó el contrato para constituir el fideicomiso con la firma Seguridad Fiduciaria S.A con el fin de brindar “mayor transparencia” a su situación patrimonial.

No obstante, como publicó el periodista Santiago Fioriti en el diario Clarín, se trató de una maniobra a medias: en ese fideicomiso introdujo únicamente el 50 por ciento de sus bienes. El proyecto para imitar ese proceso en la Ciudad de Buenos Aires fue presentado por el legislador Maximiliano Ferraro. A pedido de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y, junto a su compañera de bloque Paula Oliveto, encara una agenda de transparencia para el distrito: modificación de la ley de Ética Pública y la ley de compras, creación de Fiscalía de Investigaciones, ley de publicidad oficial y debate obligatorio de candidatos, entre otras iniciativas.

Además de a Larreta, el expediente incluye en la constitución obligatoria del fideicomiso al vicejefe de Gobierno, sus ministros, los diputados porteños, titulares de entes descentralizados, los miembros del Tribunal Superior de Justicia (la Corte porteña) y del Consejo de la Magistratura, el Síndico General, el Procurador, el directorio del Banco Ciudad, integrantes de organismos de control como la Auditoría –con categoría no inferior a Director General- y el jefe de la Policía Metropolitana.

Se trata de los funcionarios de mayor jerarquía de la Capital Federal, que tendrán que acreditar “relevancia económica” para cumplir con el fideicomiso. Según se indica en el artículo tres del proyecto, los funcionarios deben poseer una suma de activos o intereses financieros superior a $30.000.000, cerca de dos millones dólares –al valor actual de la moneda extranjera-; esa cifra se actualizará anualmente de acuerdo al IPC porteño, que depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, una vez que los involucrados presenten sus declaraciones juradas se sabrá si estarán obligados a delegar parte de su patrimonio a un tercero hasta seis meses luego de terminado su mandato. A raíz de la presentación de las DDJJ, la autoridad de aplicación de la ley contará con diez días para “confeccionar un dictamen vinculante acerca de la relevancia económica de la suma de activos o intereses financieros”.

Esa autoridad será la misma que establece la ley de Ética Pública porteña, que en su artículo Nº23 marca que el Poder Ejecutivo, tanto como el Legislativo y el Judicial, tienen que designar al organismo en cuestión. En la actualidad, por ejemplo, los ediles presentan sus declaraciones de bienes ante la Junta de Ética de la Legislatura porteña y los ministros porteños a la Dirección General de Legal y Técnica de cada cartera.

“Es el tiempo para discutir esto y que no quede únicamente en estrategias electorales, como podría ser en la campaña del año que viene. Este es el año para debatir normas institucionales”, indicó Ferraro en diálogo con Letra P. A su vez, el legislador opositor explicó que la suma de 30 millones de pesos es “un monto razonable” aunque consideró que es “materia discutible” y que se podría modificar una vez que se publiquen las declaraciones juradas de los funcionarios porteños. “El objetivo es poner en práctica una herramienta para evitar sospechas sobre la administración de los bienes y el patrimonio de los funcionarios públicos”, detalló el autor del proyecto. A criterio de la normativa presentada, quedarán exceptuadas “las cuentas a la vista que tengan por objeto consumo, ahorro o administración de lo domestico”.

Esto incluye a cuentas corrientes y cajas de ahorro, por ejemplo. Solo podrán desempeñarse como fiduciarios las instituciones financieras sujetas a la supervisión del Banco Central de la República Argentina, establecidas en la ley de Entidades Financieras. En ningún caso podrá el fiduciario ser una persona física. El funcionario podrá seleccionar la firma fiduciaria y luego la autoridad de aplicación validará esa decisión en caso de que se compruebe la “inexistencia de vínculos entre ambos”, porque eso podría “desnaturalizar el objetivo de la ley”.

Sin intromisión del funcionario, el fiduciario podrá disponer, invertir o reinvertir los bienes del fideicomiso pero tiene expresamente prohibido “invertir en empresas públicas o en negocios que efectúen una parte sustancial de su actividad con el Estado”. Una vez concluida la función del legislador, miembro del TSJ o ministro, la firma que ofició de fiduciario deberá remitir un informe a la autoridad de aplicación que detalle “la evolución de los activos y los movimientos realizados durante su administración”.

“Pretendemos que los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorguen al menos el 80 por ciento de los bienes que comprenden su patrimonio total para evitar posibles abusos, choque de intereses o aprovechamientos de su situación ventajosa mientras dure el cumplimiento de sus funciones”, se fundamenta en la iniciativa.

El proyecto de ley no caerá como una sorpresa en la Jefatura de Gobierno. Los legisladores de la Coalición Cívica informaron hace tiempo sobre la catarata de proyectos que presentarían en torno a la transparencia política. Larreta, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva, y el secretario General, Fernando Straface, están interesados en dar la discusión por una agenda parlamentaria que apunte a la innovación y la transparencia.

Sanciones Los funcionarios porteños que no se sometan al fideicomiso serán sancionados con multas de entre el 10 y el 30 por ciento del valor de “los bienes dados en fideicomiso o que no hayan sido dados en dicho carácter por culpa del funcionario obligado”. “Asimismo, dichos incumplimientos configuraran los supuestos de mal desempeño de la función, o su equivalente, necesarios para iniciar el proceso correspondiente para la remoción del cargo”, se indica en el proyecto de Ferraro.