Por decreto, los fondos de la AFI volvieron a ser confidenciales

Mediante el decreto 656 del 6 de mayo, el presidente Mauricio Macri eliminó la norma que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso de los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de los destinados a tareas específicas de inteligencia.

Al derogar el decreto 1311/15 de "régimen de administración de fondos", sin reemplazarlo por uno nuevo, (S=todos los recursos de la AFI volvieron a ser confidenciales, desde los gastos en tareas de seguimiento y vigilancia hasta la compra de resmas de papel y café.(S) 

El presupuesto que maneja la Agencia es de $1450 millones para 2016. En este contexto, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, pidió a Macri que "revea la decisión y al Congreso que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado".

"La vuelta a un sistema regido por el secreto sólo favorece que sus recursos puedan ser nuevamente volcados a fines ajenos a la institución, ilegítimos, ilegales y contrarios al régimen democrático al que aspiramos", sostiene el texto de Iccsi, firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed).

Fuentes cercanas a la conducción de la AFI le aseguraron al diario La Nación que el decreto firmado por Cristina Kirchner, que apuntaba a la transparencia de los recursos de la Agencia, había "desnaturalizado" la ley de inteligencia, dado que había establecido la publicidad de determinados gastos vinculados a la actividad propia de la AFI, "que no es otra que la de inteligencia la que, por disposición de la ley, es clasificada".

De todos modos, sostuvieron que "se está trabajando en el establecimiento de un procedimiento para la adecuada rendición de los gastos reservados y conservación de su documentación respaldatoria".

El decreto 1311/15 establecía una distinción entre fondos públicos y reservados. Los primeros son "aquellos destinados a solventar erogaciones ordinarias que realiza el sistema nacional de inteligencia para cumplir sus actividades, cuyo objeto no debe permanecer secreto". Por su parte, los fondos reservados son los "necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicación pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior".