LOS NEGOCIOS SE DIERON CUANDO MACRI ERA JEFE DE GOBIERNO

Un apoderado de Macri y un empresario fueron beneficiados por el gobierno porteño

Tanto Alberto Tarantini como Juan Enrique Blaksley Señorans han recibido millones de pesos por parte del gobierno de la Ciudad mientras Mauricio Macri era jefe de gobierno.

Alberto Tarantini es un economista, con posgrado en Harvad y breve paso como subsecretario de Industria en los albores del menemismo, además estuvo 14 años junto al clan Macri. Su nombre consta en actas como apoderado de la offshore presidencial, pero consultado por el diario Tiempo Argentino niega cualquier lazo con la firma de Bahamas: "No sé nada de eso, nunca oí nombrar a Fleg trading Ltd ni a Owners Do Brasil". Reconoce, sí, los contratos que su empresa Becom1 S.A.recibió del gobierno porteño. Pero asegura que aún así la compañía "no se consolidó". "Después de tantos años en el Grupo pensé que iba a ser más sencillo conseguir cosas. La verdad que conseguí poquito", se lamenta Tarantini.

En 2000, Tarantini abandonó el mundo empresarial y al clan Macri para dedicarse a la música. Pero se le hizo difícil vivir del arte, por lo que decidió entonces volver a los negocios. Por un tiempo lo cobijó Bell y luego creó Becom1 S.A., una empresa de marketing digital. Con esta firma, su apellido y el de Mauricio Macri se volvieron a cruzar. Fundada en diciembre de 2013, Becom1 S.A. obtuvo contratos millonarios con el gobierno porteño durante el tramo final del mandato de Mauricio en la Ciudad.

El diario Tiempo Argentino pudo verificar al menos seis:

• El 10 de septiembre de 2014 ganó una licitación pública para la "Provisión de servicios especializados en monitoreo de redes sociales para evaluar la aceptación de las App's del Gobierno de la Ciudad". Por esa tarea, la firma embolsó 828 mil pesos.

• Poco después, el 28 de noviembre, la Unidad de Proyectos Especiales le pagó 150 mil pesos por un estudio para el programa Ciudad Verde.

• Unas semanas más tarde, el 19 de diciembre de 2014, la Secretaría de Hábitat e Inclusión le extendió una contratación directa de 349.860 pesos por Servicios de Gestión Comunicacional. Según se explica en la resolución 127/SSDI/14, "la urgencia de la tramitación" se sustentaba "en la imprescindibilidad de contar con los servicios" a efectos de "contar con un canal de comunicación eficiente" por el cual "se pueda dar pronta respuesta a las urgencias habitacionales". El contrato no especifica de qué modo el marketing digital contribuye a solucionar el drama habitacional de la Ciudad.

• El 13 de mayo de 2015, el gobierno volvió a contratar de manera directa a Becom1 por un "Servicio de consultoría de estrategia comunicacional". El monto: 2,3 millones de pesos.

• El 12 de agosto de 2015, en plena campaña, la firma se alzó con 1,7 millones de pesos por servicios de "consultoría para el sitio web" del gobierno PRO.

• El 24 de noviembre, con Macri a punto de dejar la Ciudad, Becom1 recibió su contrato más jugoso: 3,4 millones de pesos por un "servicio de consultoría para la construcción de un sistema de gestión" de organismos comunales. En poco más de un año, Becom1, la empresa de uno de los apoderados de Macri, cosechó al menos 8,9 millones de pesos de la gestión PRO. El pasado es así, caprichoso y porfiado. Nunca se va.

Otro que supo sacarle una tajada al puesto de Macri en la jefatura de gobierno porteño fue el empresario Juan Enrique Blaksley Señorans, ha organizado y llevado adelante eventos pagos para promocionar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del hoy presidente de la Nación, Macri, incluyendo la carrera entre el superatleta jamaiquino Usain Bolt y el Metrobus recién estrenado en el 2013, compulsa que laudó a favor del atleta el entonces jefe de gobierno en la línea de llegada.

Hope Funds también ha sido beneficiada por el gobierno de la ciudad con la extensión de una concesión de una importante propiedad comercial en la exclusiva zona de Recoleta a un precio muy por debajo del mercado y sin que el expediente pase por la legislatura porteña. En otros negocios con otros interlocutores Hope Funds organizó la exhibición del tenista Roger Federer en el municipio de Tigre, maneja emprendimientos gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires, emprendimientos inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires, es auspiciante de importantes deportistas y equipos deportivos y está asociado a locales de tango en Buenos Aires y Nueva York, entre otras iniciativas comerciales que denotan un crecimiento exponencial del grupo desde su creación como fondo de inversiones en 1989. Semejante crecimiento llamó la atención de las autoridades.

Una investigación de la AFIP reveló que el empresario no podría justificar el crecimiento de su patrimonio, ni podría demostrar el origen de los fondos que utilizó para sus inversiones. “El informe que entregó la AFIP es contundente: de los 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres estaban en regla, tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en su declaración de impuestos. Es decir que el 99,42% de los clientes violaron de una forma u otra la ley argentina, según el escrito que firmaron Jorgelina Beritich Medina, jefa de la Sección Actuaciones Judiciales de la División Penal de la AFIP; José Antonio Bilbao, titular de la Dirección de Planificación Penal de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, y Diego Alejandro Franco, jefe de la División Penal Tributaria,” señala una investigación de enero del año pasado del periodista Juan Graña del sitio Infobae.com.

Hope Funds maneja varios negocios en la ciudad de Buenos Aires. Junto al accionista matoritario Grupo IRSA, Hope es dueño del 47 por ciento del complejo Buenos Aires Design. La concesión por veinte años del Buenos Aires Design venció el 18 de noviembre de 2012 y ese mismo mes fue renovada por el gobierno porteño hasta el 17 de noviembre de 2017, un día antes de que se cumplan los cinco años.

Allí se aplicó la ley 3399, que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de la Legislatura. Por esa concesión IRSA y Hope funds pagan “el irrisorio canon de 42.353 pesos mensuales”, denunció hace dos años la entonces diputada porteña Gabriela Cerruti.


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