TRANSPORTE

Taxistas ratifican denuncia penal contra Uber

La denuncia es por defraudación a la administración pública, instigación a cometer delitos y asociación ilícita. Además, señalan a Enacom por no acatar una orden judicial que obligaba al organismo a bloquear las plataformas digitales de Uber.

Cinco organizaciones de taxistas ratificaron una denuncia penal contra los directivos de Uber “a nivel mundial y en Argentina” por “defraudación a la administración pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita”. Según indicaron, los términos de la denuncia pueden ser ampliados a personas físicas.

Se trata de la Mesa de Unidad integrada por el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), la Asociación Taxistas de Capital (ATC), la Sociedad de automóviles con taxímetro (SAT), la Unión Propietarios de Autos Taxis (UPAT), la Cámara Empresaria del Auto Taxi (CEAT) y la Unión de Propietarios y Mandatarias de R. A. (UPM).

Luis Fernández Ageitos, dirigente de ATC, manifestó a Página 12 que están disconformes con la actuación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en relación al bloqueo de la aplicación y su página web. Según una resolución de la jueza porteña Claudia Alvarado, el servicio de Uber y sus plataformas digitales debían ser bloqueadas y el Enacom era quien tenía que arbitrar los medios para llegar a ese fin. Hoy la aplicación sigue funcionando.

La querella ratificada contra Uber fue impulsada por las asociaciones de taxistas y recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal N°13, a cargo de Luis Zelaya, y en la Fiscalía de Instrucción N° 34 de Jorge Luis Ballestero. La denuncia acusa a “los directivos de Uber a nivel mundial y en la Argentina y contra todas aquellas otras personas que hubiesen intervenido, en calidad de coautores, partícipes, y/o instigadores” de los delitos de “entorpecimiento al normal funcionamiento de los transportes por tierra, defraudación a la administración pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita (...) y otros a determinar con el correr de la investigación”.

La resolución de la jueza, luego ratificada por su par Víctor Trionfetti, obligaba también a las compañías proveedoras de Internet el bloqueo del servicio, algo que no sucedió, e instrumentar los medios de los organismos correspondientes para que las tarjetas de crédito se abstuvieran de operar con la aplicación –algo que se hizo efectivo en los casos de Visa y American Express, pero no de Mastercard–.



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