La primera norma

Trapitos y cuidacoches: el veto al registro

Con más de una década de debate en la Legislatura, el tema de los trapitos y cuidacoches tuvo en 2011 una norma que regulaba su actividad que fue vetada por el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Prohibición y registro en los extremos del debate.

Werner Pertot

La discusión sobre los cuidacoches tiene ya más de una década en la Legislatura(S). Hace cinco años, la oposición porteña reunió masa crítica y aprobó por 31 votos contra 29 una ley que creaba un registro para los cuidacoches: esto implicaba que el Gobierno porteño debía censarlos, ver quienes no tenían otros medios de subsistencia, otorgarles un permiso legal para un horario y un lugar determinados, y controlarlos. Esa autorización podía ser revocada si cometía algún delito o contravención. Esa norma también incrementaba las penas para quienes actuaran sin permiso y en forma organizada y para las autoridades que en espectáculos deportivos o culturales “omitieran disuadir, impedir o consintieran la contravención”. Esto último, apuntaba evidentemente a la complicidad de la policía y de los clubes (o las barrabravas). Este proyecto lo votaron el Frente para la Victoria, Proyecto Sur, la UCR, la Coalición Cívica y Nuevo Encuentro. (S)Macri vetó esta ley porque consideró que “socaba el principio de libre disfrute del Espacio Público” y el debate volvió a foja cero.

Todos los años, desde 2010, el PRO intenta aprobar una ley que prohíba la actividad. En 2014, de la mano de un proyecto de Roberto Quattromano y el ahora ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, avanzó con un proyecto que incluía a los cuidacoches  junto con los “limpiavidrios”. Un informe de La Fábrica porteña –el think tank del kirchnerismo porteño- recuerda que ese proyecto sumaba el aumento de penas sobre el hostigamiento, la portación de armas no convencionales o de elementos para forzar cerraduras, con lo que se buscaba “legitimar una visión criminalizante de la actividad de los cuidadores de vehículos”.  Un cuidacoche, un delincuente. El kirchnerismo volvió ese año a proponer un registro de la mano de las entonces diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, mientras que el legislador del MST Alejandro Bodart avanzaba sobre las responsabilidades de la autoridad pública de darle una solución a personas que no tienen otro medio de subsistencia, por un lado, y de perseguir a las mafias por el otro. En el proyecto de Bodart, las autoridades que permitieran la extorsión a los automovilistas en partidos de fútbol o similares serían considerados “partícipes necesarios” en una acción penal o contravencional.

El legislador Claudio Palmeyro consiguió que en septiembre de 2014 se aprobara una ley que regula el estacionamiento en eventos “de concurrencia masiva y habitual”. El Ejecutivo porteño debía remitir un plan de regulación. Nunca lo presentó.  

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