Gobierno nacional acelera las negociaciones para cerrar el conflicto con fondos buitre

El gobierno nacional ya avisó que "el acuerdo con los holdouts tiene que salir" porque no hay otro plan alternativo; con esa premisa imperativa trata de acelerar los tiempos para lograr apoyo parlamentario y que los plazos legales no se conviertan en un enemigo adicional.

El macrismo trabajó hasta ayer a la madrugada en Diputados: buscaba acordar con el massismo para sacar esta tarde dictamen de comisión. Una vez cumplido ese paso, el jueves llevará el proyecto al recinto, donde espera darle media sanción. La reunión de hoy está convocada para las 11 en el Anexo C.

En relación a los votos que se necesitan para que esta propuesta de acuerdo avance, el titular del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, ratificó que apoyará el proyecto del Gobierno con los fondos buitre, pero aclaró que propondrá "algunos cambios" en la ley girada por el oficialismo.

En ese contexto, que incluye el 14 de abril como fecha límite para que el acuerdo con los bonistas no se caiga, el oficialismo se mostró dispuesto a realizar las modificaciones que pide el Frente Renovador; entre ellas, se destaca la de ponerle límite al endeudamiento. Además el gobierno nacional se movió en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde pidió que se acelere el cronograma de audiencias previstas para ponerle fin a un conflicto interminable. El temor es que las negociaciones se empantanen y se venza el plazo previsto.

Para evitarlo, Argentina propuso –precisa El Cronista- un esquema de argumentaciones "exprés", según el cual los holdouts presentarían su escrito el 11, el país respondería el 14, los acreedores replicarían dos días después y la audiencia entre las partes sería el 17.

La administración macrista juega y planifica hacia adelante: consciente de que luego del examen de Diputados deberá ir al Senado, donde el Frente Para la Victoria tiene mayoría, trabaja con los gobernadores para que les pidan a sus legisladores que apoyen el acurdo con los holdouts.

El juez Griesa adelantó la semana pasada que quitará las sanciones que impiden al país pagar la deuda regularizada, luego de que el Parlamento argentino derogue las leyes Cerrojo y la de Pago Soberano. El país pagará en efectivo, luego de emitir bonos por hasta 15.000 millones a entre cinco y treinta años de plazo y una tasa estimada del orden del 7% anual.