Un informe de la Auditoría General porteña indicó que no existe "un plan estratégico de transporte"

La Auditoría General de la Ciudad realizó su primer informe sobre la gestión del PRO en la compra de insumos y formaciones para la red de subterráneos. El trabajo realizado por los auditores arrojó varias irregularidades en la compra de los coches, dentro de las cuales se encuentra la presunta digitación en la licitación para la adquisición de 105 vagones y la omisión de canales formales.

En total se trata de $ 635.978.735,27 erogados en 2013. El programa total tiene un crédito superior a los $ 3.000 millones, otorgados para que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) realice las compras en once obras. Algunas de ellas, terminadas recién durante este año. En varios pasajes del documento se remarca la falta de controles internos por parte de SBASE en todos los puntos relacionados con las obras en la red.

Los auditores afirmaron en el documento presentado que “luego de su análisis y al efectuar el cotejo del Universo, fueron detectadas otras compras y contrataciones que formarían parte del Universo objeto de auditoría, las cuales no habían sido informadas en tiempo y forma por el ente auditado”.

Pero además remarcaron que exiten "contradicciones en los distintos registros internos del organismo" lo que hace imposible una auditoría de la información "de manera veraz, oportuna, confiable, completa y adecuada". A pesar de esta dificultad señalada, remarcaron que la ejecución del presupuesto de SBASE se condice con los gastos registrado paralas obras.

De todos modos, el informe señala otras irregularidades como la que señala que el Ejecutivo no puso a disposición de la Auditoría General el contrato de la compra de 105 vagones para la línea A lo que impidió corroborar el cumplimiento de los plazos estableciddos. Según la auditoría, la licitación - que ganó CITTIC CC - no estuvo completa.

Pero la auditoría también evidenció que no se cumplió con la ley 1.218 que obliga a la Procuración a extender un dictamen en cada compra que supere el millón y medio de unidades. La adquisición de los vagones tuvo un costo de $945 millones superando ampliamente la cifra señalada por la legislación, sin embargo no se expidió el organismo citado. Esta situación, según entiende la Auditoría, hace suponer que se trató de una licitación digitada ya que no se publicaron ni la fecha ni la hora de apertura de sobres.

Otro punto que generó polémica en materia de subterráneos fue la adquisición de los coches CAF 6000 al Metro de Madrid. Este informe sostiene que el Gobierno porteño dejó de lado varios requisitos vitales para la compra. En primer lugar, no se realizó un informe sobre la sustentabilidad (beneficio precio/duración), así como tampoco se verificó la “razonabilidad” de los precios finales. En este último aspecto, la AGCBA determinó que no hubo “una comparación con precios formales de otras empresas”.

Además la Auditoría sostiene que en ningún momento el Ejecutivo explicó en el pliego el motivo de la compra de las formaciones. “La renovación de la flota existente se evidencia como uno de los puntos fuertes de la ejecución presupuestaria. No obstante ello, del relevamiento de las actuaciones practicado no surge la existencia de un plan estratégico de transporte”, concluyeron los auditores.