El Gobierno busca apurar la jura de sus candidatos a la Corte Suprema

El gobierno de Mauricio Macri le solicitó ayer a Ricardo Lorenzetti que ultime los detalles para tomar juramento a los candidatos a la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti cuya designación quedó plasmada ayer en el Boletín Oficial.

Si bien Lorenzetti manifestó su satisfacción ante las designaciones, aún no se pronunció sobre el mecanismo elegido para llevar a cabo los nombramientos. El ideólogo de la estrategia macrista fue, según consigna Ámbito Financiero, Fabián Rodríguez Simon, abogado empresarial cercano al presidente y que fue electo para el Parlasur. Simon fue también quien ideó la medida cautelar que firmó María Servini de Cubría para blindar la asunción presidencial.

La decisión fue tomada en una reunión que mantuvo en reserva con el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, en la que se terminó de confirmar que la jugada se encontraba dentro del marco legal del artículo 99 de la Constitución. Allí se compartió por primera vez el dato aportado por Rozenkrantz cuando le consultaron sobre la modalidad a utilizar: Earl Warren, uno de los jueces más rutilantes de la historia estadounidense, que tuvo a su cargo la investigación por la muerte de John Kennedy, fue nombrado en comisión durante la administración de Dwight Eisenhower.

Además, Rosenkrantz y Rosatti, los candidatos de Macri a jueces Supremos, tienen otro atributo que el presidente conoció por Rodríguez Simón. Ambos son renuentes a aceptar la interpretación de los tratados de inversión celebrados por la Argentina o que tienen jurisdicción del CIADI. Rosatti siempre sostuvo la posición de que el Estado no está obligado a cumplir los laudos de tribunales externos y Rosenkrantz fue testigo a favor de la Argentina en distintos juicios en el extranjero.

Al tener dos jueves en la Corte, el Gobierno podría permitirse estar a un paso de conseguir la mayoría para dirimir las causas más importantes y conseguir el voto restante con Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda.

De todos modos, la inquietud reina hoy en el entorno presidencial por las críticas que aliados y cercanos realizaron a la modalidad de designación de jueces para la Corte Suprema. Además, el silencio de Elisa Carrió debe leerse como un gesto tras arduas gestiones que no llegaron a Ricardo Gil Lavedra. El constitucionalista aportó un diagnóstico demoledor ayer cuando dijo que el precedente de la maniobra es grave porque habilita a cualquier mandatario a aprovechar el receso estival del congreso para acciones de este tipo.

En medio de este contexto, algunas de las teorías conspirativas que circulan señalan que Ernesto Sanz declinó el ministerio de Justicia al conocer esta jugada de alto riesgo. Sin embargo, el senador y artífice de la alianza con el PRO, nunca habría llegado a conocer estos planes presidenciales.