Condenaron al policía federal que gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados frente al Congreso

El juez Daniel Rafecas sentenció a Cristian Miguel Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer funciones policiales por dos años y seis meses; es la primera condena a un integrante de las fuerzas de seguridad por su accionar en las protestas durante el gobierno de Milei.



El oficial principal de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una movilización en defensa de las jubilaciones frente al Congreso, el 11 de septiembre de 2024. El juez federal Daniel Rafecas lo encontró responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, y dispuso además su inhabilitación especial por dos años y seis meses.

En aquel momento, Rivaldi —de 39 años— cumplía funciones en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades (DOUCAD), una unidad especializada en el control de multitudes dependiente de la Policía Federal. Los registros audiovisuales, los testimonios y la documentación médica permitieron reconstruir lo ocurrido: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo, sin agredir ni ofrecer resistencia, cuando el efectivo les disparó gas irritante a corta distancia.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figura la historia clínica de Fabrizia, atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química como consecuencia de la exposición al gas pimienta; tanto la niña como su madre sufrieron irritación ocular y otras molestias físicas que persistieron durante varios días.

En su acusación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que Rivaldi se había apartado de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales, y concluyó que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado. A lo largo de la investigación, Rivaldi negó haber dirigido el gas contra la menor y planteó que el agente irritante pudo haber sido arrojado por un tercero cuya identidad no pudo establecerse.

En la resolución, el juez Rafecas estableció además que Rivaldi deberá fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

El fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 17 de noviembre, representa un duro golpe para el gobierno que había salido en auxilio de Rivaldi.

Con esta sentencia, Rivaldi se convirtió en el primer integrante de las fuerzas de seguridad condenado por su actuación durante los operativos desplegados en las protestas frente al Congreso. El abogado querellante Gregorio Dalbón, representante de Fabrizia y su madre Carla, calificó el fallo como un hito: señaló que Rivaldi "no actuó solo ni se cubrió solo" y recordó que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich había asegurado en cámara que nadie había gaseado a una niña.

Dalbón también anticipó que avanzará judicialmente contra Bullrich y Alejandra Monteoliva.

El fiscal Taiano había señalado, en su pedido de juicio, que Rivaldi violó el denominado "protocolo antipiquetes" impulsado por la ex ministra de Seguridad, quien luego dejó ese cargo para asumir como senadora de La Libertad Avanza. La condena marca así el inicio de un proceso judicial que podría extenderse hacia la cadena de mando que ordenó el operativo de dispersión de aquella marcha.

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