El fiscal Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni, pero pidió investigar una posible evasión fiscal

El dictamen, de 38 páginas, concluyó que la Fiscalía no pudo vincular el incremento patrimonial del exjefe de Gabinete con un acto vinculado a su función pública, una contraprestación o una fuente ilícita. Por ello, Pollicita consideró que no corresponde sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, figura que exige que el incremento injustificado se produzca después de la asunción del cargo.

La explicación de las billeteras

El eje de la defensa de Adorni fue que los fondos investigados provenían de la venta de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018. Según ese relato, una inversión inicial de 200.000 dólares habría generado 591.544,61 dólares, suma que la defensa vinculó con ocho direcciones de Bitcoin presentadas como propiedad del exfuncionario. 

Esas billeteras fueron incorporadas a la causa el 20 de septiembre, cuando Adorni respondió un requerimiento de justificación patrimonial del fiscal. La defensa explicó que el exvocero adquiría las criptomonedas en encuentros presenciales con personas anónimas, en lugares públicos, entregando efectivo a cambio de los activos digitales.

Pollicita consideró que la hipótesis de la defensa era “técnicamente sólida y consistente”, aunque los informes de la Policía Federal no permitieron establecer históricamente quién controlaba esas direcciones entre 2014 y 2018. Los peritos determinaron que la firma criptográfica actual acredita acceso presente a las claves, pero no permite datar cuándo comenzó ese acceso ni demostrar que fuera exclusivo. 

Gastos y origen del dinero

El fiscal tomó como referencia erogaciones en dólares por 402.578,12 dólares durante el período investigado, de las cuales el 92,9 por ciento habría sido cancelado en efectivo. Entre esos gastos figuran operaciones vinculadas a una vivienda en el country Indio Cuá, remodelaciones, mobiliario, un departamento en Caballito, viajes, alquileres temporarios, expensas y aranceles escolares. 

Para Pollicita, los más de 565.000 dólares declarados como “venta de activos” a comienzos de 2023 explican el núcleo del incremento patrimonial investigado. El fiscal también consideró compatible con los ingresos formales del matrimonio Adorni-Angeletti la inversión de 200.000 dólares en Bitcoin entre 2014 y 2018, al compararla con remuneraciones acumuladas que estimó en torno a 335.000 dólares antes de 2014 y cerca de 493.000 dólares hasta 2018. 

No obstante, la explicación dejó cuestionamientos técnicos. El periodista Maximiliano Firtman sostuvo que las ocho billeteras también contenían otras criptomonedas, como Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, cuya venta podría sumar unos 60.000 dólares y no fue incorporada al argumento defensivo.

No es un sobreseimiento

El dictamen fiscal no cierra la causa ni absuelve a Adorni: el fiscal pidió que el expediente deje de tramitarse como enriquecimiento ilícito y sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Pollicita detectó indicios de una posible ocultación frente al organismo recaudador. Entre ellos mencionó la omisión de declarar durante años la tenencia de divisas y activos, el uso mayoritario de efectivo fuera del circuito bancario, la intervención de terceros en pagos y la incorporación de los fondos recién cuando la causa ya estaba en trámite. 

El fiscal también pidió investigar a Leandro Miano, Pablo Feijoo y Matías Tabar, vinculados con operaciones inmobiliarias y refacciones del exfuncionario. Además, solicitó que el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires analice la intervención de la escribana Adriana Nechevenko ante las irregularidades advertidas. 

Qué sigue

La decisión final queda ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si acepta el planteo de Pollicita y declara la incompetencia de la Justicia Federal para seguir con la causa. Si hace lugar al pedido, el expediente pasará al fuero Penal Económico, donde el foco será una eventual evasión tributaria y no el enriquecimiento ilícito.

La causa, entonces, no termina con una absolución ni con el archivo del caso. Cambia de encuadre: la Fiscalía dejó sin sustento, por ahora, la hipótesis de enriquecimiento ilícito, pero mantiene abierta una línea de investigación por presuntas irregularidades fiscales.