Gagliardi cruzó a Macri por una resolucion que apunta a comercios y repartidores

El Gobierno de Jorge Macri estableció nuevos lineamientos para controlar el uso del espacio público por parte de comercios y servicios de delivery. La medida alcanza tanto a los repartos realizados mediante plataformas digitales como a los organizados directamente por los establecimientos, y exige que la actividad no convierta las veredas en una extensión de los locales.

La decisión generó cuestionamientos de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Gagliardi. En una publicación en X, planteó que la Ciudad necesita combinar el orden con gestión y respuestas sociales. Además, vinculó la medida con las políticas del Ejecutivo hacia las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes, y cuestionó que ahora el foco se coloque sobre comercios y repartidores.



El anexo de la resolución establece que las tareas de preparación, espera, retiro, carga, descarga y despacho deben organizarse de manera que el espacio público no sea utilizado, sin autorización, para ampliar la capacidad operativa de los establecimientos.

Uno de los puntos centrales es que la falta de espacio dentro de un comercio no será, por sí sola, una justificación para ocupar irregularmente la vía pública. Los locales deberán resolver esas necesidades en su interior o mediante otras modalidades de organización que eviten ese uso.

La disposición incluye restaurantes, tiendas, depósitos, mercados y centros de preparación o despacho. También alcanza a repartidores y mensajeros que se movilicen en bicicletas, motos u otros vehículos autorizados, y a las plataformas digitales dentro de las obligaciones que les correspondan según la normativa vigente.

A la hora de fiscalizar, los agentes podrán considerar la presencia de repartidores que aguarden pedidos, el ingreso y egreso de mensajeros, las entregas realizadas por personal del comercio y las instrucciones o señalizaciones que indiquen que un sector funciona como área de espera.

La norma también señala que la inexistencia de una relación laboral o contractual directa entre el local y los repartidores no impide vincular la ocupación con la actividad del establecimiento. Al mismo tiempo, mantiene la responsabilidad individual de los trabajadores por eventuales infracciones de tránsito, estacionamiento u ocupación del espacio público.

El cuestionamiento de Gagliardi introduce una discusión sobre cómo se implementará ese ordenamiento y qué respuestas ofrecerá el Gobierno a quienes trabajan en la calle. El anexo fija obligaciones y criterios de fiscalización, pero no desarrolla un esquema de infraestructura de espera o apoyo para que comercios y repartidores puedan adecuar su operatoria.