El Gobierno volvió a suspender más de 21.800 pensiones por invalidez y abrió un plazo de 60 días para reclamar

El Gobierno nacional dejó sin efecto la Resolución N° 13.901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que los titulares afectados deberán iniciar un trámite de rehabilitación para volver a percibir el beneficio.

La nueva medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 3695/2026, firmada por el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian. El Gobierno anunció que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, en el marco de una auditoría que detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales.

Las autoridades aclararon que la medida no implica una quita definitiva automática, sino la apertura de una instancia de revisión individual en la que cada expediente volverá a ser auditado de manera exhaustiva.

Las personas notificadas tendrán 60 días corridos desde la comunicación oficial para presentar la documentación requerida, actualizar sus datos personales y acreditar que continúan reuniendo las condiciones para recibir la pensión.

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El funcionario informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones debido a que no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad. Ravier aclaró que la medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa.

Durante el anuncio, Ravier señaló que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar beneficiarios con bienes patrimoniales que, según el Gobierno, podrían resultar incompatibles con el carácter asistencial de la prestación. Entre los casos detectados figuran 38 titulares con dos o más vehículos a su nombre, 26 con dos o más inmuebles y 40 personas que registran al menos una propiedad de más de una hectárea.

El propio Ejecutivo aclaró que la existencia de bienes registrados constituye un indicio que requiere revisión, pero que no prueba por sí misma una maniobra fraudulenta.

El conflicto tiene origen en septiembre de 2025, cuando el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó rehabilitar pensiones suspendidas dentro de su jurisdicción; en octubre de ese año, la medida cautelar se extendió a todo el territorio nacional.

La entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apeló la decisión y, en febrero de 2026, la Cámara Federal de Tucumán revocó la sentencia de primera instancia que había dado lugar a la demanda.

Los trámites para recuperar el cobro podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en oficinas de ANSES, en dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad o por correo electrónico a [email protected].