La Ciudad profundiza el cierre de sus centros de diagnóstico a los bonaerenses

 
El conflicto por el acceso al sistema de salud porteño sumó un nuevo capítulo esta semana cuando Jorge Macri utilizó sus redes sociales para explicitar el alcance de una política que su gestión venía implementando de manera fragmentada. Con un mensaje breve y directo, el jefe de Gobierno sostuvo que los Centros de Diagnóstico de la Ciudad son exclusivos para porteños y que se terminó la función de prepaga del conurbano, una frase que condensó el tono de una disputa que excede lo sanitario y se instala en el terreno de la confrontación política con la gestión de Axel Kicillof.



Sin muchas mejoras en la vida cotidiana de los porteños para mostrar, el discurso demagógico contra los millones de bonaerenses que todos los dias ingresan a la Ciudad de Buenos Aires para generar riqueza, trabajar, consumir y, por ende, pagar impuestos, se encuentra siempre a mano.

La definición no constituye una medida aislada. Se apoya en el decreto N° 142-26, firmado por Macri y su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, que desde abril de este año estableció la prioridad de los vecinos de la Ciudad en el uso de todos los servicios que brinda el Estado local, con excepción de las áreas vinculadas a la seguridad pública. La norma amplió así un criterio que ya se aplicaba en el sistema de salud desde marzo de 2025, cuando se puso en marcha el programa Prioridad Porteña, y que ahora rige de manera transversal para turnos, cupos, vacantes y prestaciones administrativas.

El texto del decreto aclara que la prioridad no implica la supresión del acceso para quienes no residen en la Ciudad, sino un orden de atención que favorece a quienes habitan y tributan en la jurisdicción. Las urgencias y emergencias sanitarias quedan explícitamente fuera del esquema, de modo que cualquier persona que llegue a un hospital público porteño en situación crítica debe ser atendida sin distinción de domicilio . Sin embargo, la aplicación concreta en los Centros de Diagnóstico Porteños, que funcionan por derivación de los Centros de Salud y Acción Comunitaria y también admiten demanda espontánea con turno, ha derivado en la práctica en una restricción para los pacientes bonaerenses que no cuentan con domicilio en la Capital.

Los Centros de Diagnóstico fueron concebidos como el segundo nivel de la red sanitaria porteña, entre los CeSAC y los hospitales, para descentralizar estudios de laboratorio, imágenes y consultas especializadas. El primero abrió en La Paternal, luego se sumaron Barracas y Villa Urquiza, y en septiembre de este año se inauguró el de Palermo, frente al Hospital Fernández, con capacidad para atender a más de 870 mil vecinos de ese barrio y zonas aledañas. Desde el Gobierno porteño argumentan que estos centros se financian en parte con el recupero de la atención de personas con obra social, prepaga o extranjeros, y que su capacidad es limitada frente a una demanda creciente. La frase que Macri eligió para comunicar la medida, sin embargo, apuntó directamente a los bonaerenses y no a esos otros usuarios. Solía ser menos dañino cuando sus polémicas se limitaban a la batata y el membrillo

La reacción desde la Provincia no se hizo esperar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó la política como fascista y demagoga, y recordó que la Ciudad depende de la Provincia para la disposición de sus residuos sólidos urbanos, un servicio por el que no paga un pasivo ambiental desde 1977. Legisladores porteños de la oposición también cuestionaron el enfoque: el diputado Matías Barroetaveña señaló que los problemas del sistema de salud responden al desfinanciamiento y a la falta de recursos humanos, no a la utilización por parte de personas de otros distritos, y recordó que alrededor de tres millones de bonaerenses ingresan a diario a la Ciudad para trabajar y consumir, lo que representa una porción sustancial de la recaudación local .

La crítica más significativa provino, sin embargo, de Horacio Rodríguez Larreta, su antecesor en el Ejecutivo porteño, quien cuestionó la orientación de la medida en una entrevista televisiva y defendió el derecho de los bonaerenses a la atención sanitaria en la Ciudad. Larreta sostuvo que durante su gestión se atendía a los pacientes del conurbano y que la Ciudad se beneficia del consumo de quienes llegan a diario, ya que más del setenta por ciento de la recaudación proviene de ingresos brutos vinculados a esa actividad.

El gobierno porteño también incluyó en su embate un reclamo financiero concreto: exige a la Provincia que se haga cargo de la atención de personas en situación de calle provenientes del territorio bonaerense, con un monto estimado en 27.000 millones de pesos, y se ampara en el Decreto Nacional 373/2025, que asigna esa responsabilidad a la jurisdicción de origen. La disputa, así, combina la política sanitaria con una pulseada fiscal y de posicionamiento electoral que parece lejos de resolverse.