Marcha universitaria con fuerte represión y un fallo que le alivió la presión judicial al Gobierno

Este jueves 15 de octubre, la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, quedó marcada por la represión y por el despliegue de las fuerzas de seguridad frente al Congreso. En paralelo, y como contrapunto judicial a la jornada de protesta, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un recurso del Gobierno y suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria tuvo como principales ejes el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la discusión del Presupuesto 2027 y la recomposición salarial de docentes y no docentes. En materia salarial, la comunidad universitaria exige la recomposición del 33% que, según denuncian, se adeuda en los haberes del personal docente y no docente; en cuanto a las becas estudiantiles, los organizadores señalan un atraso del 100% en las asignaciones destinadas al sostenimiento de los alumnos.

La movilización se replicó en decenas de ciudades del país, con la participación de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, además de sindicatos y organizaciones sociales.

La protesta, que reunió a miles de estudiantes, docentes, organizaciones sociales y políticas, transcurría con normalidad hasta que un grupo de encapuchados (denunciados como infiltrados por parte de los manifestantes) provocó incidentes frente al vallado de Gendarmería Nacional. Ese grupo empezó a arrojar piedras y elementos contundentes, y la Policía respondió con gases lacrimógenos.

Los gases arrojados por las fuerzas de seguridad llegaron hasta el escenario principal y obligaron a interrumpir la lectura del documento final. Al menos 34 personas fueron detenidas y una mujer resultó herida durante el operativo.

Manifestantes denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos al reclamo. El Gobierno, por su parte, los calificó como "los mismos violentos de siempre" a través de sus redes sociales.

En el plano judicial, el vaivén fue vertiginoso. La sanción había sido impuesta apenas días antes por el juez Martín Cormick, que fijó una multa de $100.000 diarios a Santilli en respuesta al incumplimiento de la medida cautelar que ordenó actualizar los salarios en base a los parámetros de la ley.

El jueves por la mañana, el Ministerio de Capital Humano presentó un escrito de apelación que fue aceptado por la Cámara, la cual sostuvo que la cautelar "ya se encontraba íntegramente cumplida" y ordenó tramitar el recurso con efecto suspensivo.

Cormick había advertido que podía modificar tanto el monto de las multas como los funcionarios alcanzados por la obligación.

El fallo de la Cámara modifica provisoriamente la situación de las sanciones económicas, pero no resuelve la discusión de fondo sobre el cumplimiento de la ley: el Gobierno consiguió frenar las multas mientras se tramita su apelación, pero sigue obligado a responder por la aplicación de la medida cautelar.

Esa cautelar, que dispone la actualización salarial y de las becas, había sido confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026.

La disputa judicial se mantiene así abierta en dos planos: la exigencia de actualizar salarios y garantizar las becas universitarias, por un lado, y la discusión sobre los alcances de la intimación y las sanciones impuestas a Santilli, por el otro.