Ravier no pudo avalar los "terroristas" de Milei y dejó más preguntas que respuestas sobre la economía

El presidente Javier Milei afirmó el domingo por la noche en una entrevista televisiva que su gestión debió resistir siete intentos de golpe de Estado y que expulsó a 10.000 terroristas en 2025 y a otros 20.000 en lo que va de 2026. Al día siguiente, en su conferencia de prensa semanal de Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier debió salir a respaldar esas declaraciones, pero sus propias explicaciones diluyeron la contundencia de los dichos del Presidente.

Ravier explicó que un informe del Ministerio de Seguridad contabiliza 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026 de personas rechazadas, expulsadas o extraditadas, y sostuvo que dentro de esa cifra existen "posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional", aunque aclaró que el número también incluye a extranjeros que simplemente no cumplían los requisitos para ingresar al país. Según detalló, el 72,3% de los casos corresponde a extranjeros que intentaron ingresar a la Argentina y fueron rechazados o no admitidos. Ante la insistencia de los periodistas sobre si esos individuos pertenecían efectivamente a organizaciones terroristas, el vocero no identificó agrupaciones ni mencionó investigaciones concretas por terrorismo, y respondió: "En todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan. Está Interpol, hay varias cuestiones".

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad no incluyen registros de personas calificadas bajo la figura de "terroristas". Los números del área arrojan que entre diciembre pasado y agosto se concretaron 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso. A su vez, la versión del Presidente choca con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, ante legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia: el funcionario negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.

Buena parte de la conferencia estuvo atravesada también por las explicaciones del Gobierno sobre cómo deben leerse sus propias estadísticas económicas. Ravier defendió el desempeño de la actividad y aseguró que la Argentina acumula 28 meses de crecimiento, aunque al mismo tiempo puso reparos sobre los indicadores que pueden exhibir una fotografía menos favorable de la economía: "Los indicadores desestacionalizados pueden estar dando datos raros producto del cambio de estacionalidad que estamos experimentando por el cambio estructural que hoy vive la Argentina". Además, reconoció que existe "una necesidad de actualización de algunas metodologías" del INDEC , aunque descartó cambios en el corto plazo, argumentando que "quizás no es el mejor momento para hacerlo en pleno proceso de estabilización".

Respecto de la pobreza, el vocero reconoció que el indicador, después de haber descendido hasta el 28,3%, volvió a ubicarse en torno al 32%, y al admitir el deterioro lo atribuyó al impacto inflacionario del "ataque político" que, según la interpretación del Gobierno, sufrió la administración de Milei durante septiembre y octubre de 2025. En materia de crecimiento, Ravier afirmó que la Argentina mantendrá el crecimiento en 2026, aunque reconoció una revisión de las previsiones oficiales: "Antes proyectábamos un crecimiento más cerca del 3%, hoy hay una proyección un poquito menor". Sobre la suba del riesgo país, el vocero la atribuyó a factores externos, señalando que "está aumentando el riesgo país debido a los dos shocks externos importantes: por un lado, lo que está pasando en Medio Oriente; por otro, la suba de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactan negativamente en los países emergentes, incluida la Argentina". La oposición ya se movió para obtener información oficial: el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar los dichos presidenciales sobre las supuestas deportaciones de terroristas.