La defensa de Cristina Kirchner pidió a la ONU suspender su inhabilitación para competir en 2027

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron este martes una adenda de su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, argumentando que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. La presentación apunta a la revisión de la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.

Esa sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad el fallo impuesto por el Tribunal Oral Federal 2.

El equipo que representa a la expresidenta está integrado por Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Sus abogados buscan que se adopte como medida urgente la suspensión de la inhabilitación y, subsidiariamente, plantearon también la suspensión de la pena de prisión. El propio Valim adelantó que el objetivo es que el caso sea examinado en octubre, durante la próxima sesión del comité. El abogado manifestó confianza en el resultado: "Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo".

Entre los elementos incorporados en la adenda, la defensa denunció distintas situaciones que considera actos de intimidación, entre ellas declaraciones de jueces que participaron de la causa Vialidad, medidas sobre los bienes de la expresidenta y publicaciones del presidente Javier Milei en su contra, así como el avance sobre el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

Asimismo, uno de los principales elementos probatorios incluidos es un informe técnico elaborado por la consultora Specs, que Beraldi había presentado en una conferencia de prensa realizada en septiembre.

La estrategia tiene un antecedente directo en Brasil, donde el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU tras ser condenado por corrupción, quedó impedido de participar en las elecciones de 2018 y luego, en 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas y le restituyó los derechos políticos. Valim tuvo participación en la defensa de Lula, por lo que ese antecedente forma parte explícita del contexto de la presentación.

El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está compuesto por 18 expertos independientes; sus decisiones no son vinculantes, aunque pueden tener impacto político e institucional y suelen citarse como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

El planteo ante Naciones Unidas adquiere relevancia política concreta porque la inhabilitación actualmente le impide competir electoralmente y, en caso de ser levantada, podría volver a evaluar una candidatura presidencial para 2027.

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue uno de los primeros en confirmar públicamente que su madre tiene la voluntad de presentarse en las próximas elecciones.

El propio Máximo sostuvo que, sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad, mientras que por ahora la inhabilitación continúa vigente y el próximo paso será el tratamiento del planteo ante el Comité, cuya eventual decisión podría ser determinante para saber si la expresidenta queda habilitada a competir electoralmente en 2027.