Desburocratizar a las PyMEs porteñas: el proyecto de ley que expone el laberinto administrativo de la Ciudad

El entramado productivo de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un escenario crítico producto de dos frentes paralelos: por un lado, la fuerte contracción del consumo a nivel nacional; por el otro, una estructura burocrática local que castiga de manera constante el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley para la creación de la Plataforma Integral PyME, una propuesta orientada a unificar los trámites administrativos y tributarios que hoy funcionan de forma dispersa en el Estado de la Ciudad.

La iniciativa (expediente 3039-D-2026), impulsada por el legislador Francisco Caporiccio junto a Matías Lammens y Claudia Neira, plantea un régimen de simplificación digital que transparente el mapa de trámites, reduzca los tiempos de habilitación y concentre el acceso a líneas de financiamiento o subsidios productivos.

El corazón técnico de la propuesta es la incorporación del principio de "una sola vez". Este mecanismo prohíbe que los organismos de la Administración Pública porteña exijan nuevamente documentación que las empresas ya hayan presentado con anterioridad. Para implementarlo, el proyecto estipula la creación de dos registros digitales interconectados:

- Legajo Único Administrativo PyME: concentrará habilitaciones, expedientes, permisos, certificaciones e inspecciones en un único historial.

- Legajo Único Fiscal y Tributario PyME: integrará información sobre vencimientos, deudas, planes de regularización y moratorias mediante un puente operativo con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

A pesar de casi dos décadas de gestión ininterrumpida del PRO en la Ciudad bajo la promesa de una administración "eficiente" y "moderna", el esquema de fiscalización local continúa operando mediante sistemas estancados y superpuestos. La exigencia constante de actualizar los mismos registros ante distintas dependencias expone que la promocionada digitalización del distrito respondió más a la propaganda oficialista que a un alivio real para el comerciante porteño.

El cronograma de implementación y el freno a la arbitrariedad

La propuesta parlamentaria fija etapas estrictas para obligar al Ministerio de Desarrollo Económico a adecuar sus estructuras: un plazo de 6 meses para adaptar trámites de baja complejidad, 12 meses para centralizar permisos de comercio e inspecciones, y un techo de 24 meses para integrar la administración tributaria.

Asimismo, el texto exige publicar reportes trimestrales sobre la cantidad de trámites iniciados, demoras administrativas y motivos de excepción, buscando auditar de cerca a la burocracia local. En paralelo, la plataforma prevé articularse con herramientas del Gobierno nacional como Trámites a Distancia (TAD) o el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), evidenciando que tanto el nivel federal como el porteño comparten un atraso estructural a la hora de quitarle el pie de encima al sector productivo.

Sin créditos accesibles por la política económica de la Casa Rosada y ahogadas por las tasas locales que cobra la gestión porteña, las PyMEs de la Capital operan al límite. El proyecto parlamentario marca un diagnóstico claro: para que el tejido pyme sobreviva, el Estado de la Ciudad debe dejar de funcionar como un laberinto recaudatorio y empezar a ser una herramienta de desarrollo real.