Gremios docentes repudian el protocolo del gobierno de CABA que obliga a directores a denunciar estudiantes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la medida a través de la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial de CABA este lunes, aunque el nuevo reglamento ya había llegado a las escuelas a fines de la semana pasada y, antes de su publicación formal, comenzó a generar polémica en las redes sociales. El documento lleva la firma de la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, y de Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

Bajo el nombre "Actuación educativa ante situaciones con posible relevancia penal", el artículo 1 impone el "deber de la denuncia": cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente. El protocolo además habilita la intervención policial dentro de los establecimientos en casos urgentes y establece que los directivos deberán denunciar los casos ocurridos tanto dentro del establecimiento como fuera de él, si involucran a un alumno de la escuela.

La medida se encuadra en la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27801), que establece responsabilidad penal desde los 14 años. Los sindicatos UTE y Ademys rechazaron la medida y advirtieron sobre el riesgo de criminalización de adolescentes.

Las críticas sindicales se inscriben precisamente en el debate generado por esa normativa, que el propio Ministerio de Educación porteño citó en el comunicado enviado a la comunidad educativa, y que fija penalidad para adolescentes ante hechos que constituyan delitos.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el rechazo fue contundente: el sindicato sostuvo que la implementación del protocolo "profundiza una política de control y vigilancia sobre las adolescencias y juventudes, en lugar de fortalecer políticas de cuidado, prevención y acompañamiento", y advirtió sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes.

Los gremios señalaron que conflictos de convivencia, protestas estudiantiles o intercambios entre alumnos y docentes podrían ser interpretados de manera errónea bajo este esquema.

Federico Puy, secretario adjunto de Ademys, sostuvo que el objetivo sería transformar a las escuelas en una "antesala de las cárceles" y calificó la iniciativa como una persecución a los jóvenes.

Desde UTE, además, se atribuyó responsabilidad política a Jorge Macri y Mercedes Miguel, y se exigió que el Ministerio de Educación garantice equipos especializados, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal, reclamando políticas de inclusión, educación, salud, vivienda y trabajo.

El antecedente más citado en el debate es la demanda que el propio Ministerio de Educación porteño entabló contra familias de estudiantes que protagonizaron tomas de colegios en 2022, lo que genera inquietud sobre el alcance que podría tener la redacción genérica del nuevo protocolo.