"Tormenta Negra 2": Macri vuelve a desplegar su maquinaria policial en las villas porteñas con escasos resultados

La Policía de la Ciudad desplegó el jueves un megaoperativo con 1.500 policías y agentes en las villas porteñas, con un saldo de 17 detenidos y 192 vehículos incautados. La operación, bautizada "Tormenta Negra 2", comenzó pasadas las 18:00 en los asentamientos 31 de Retiro, 21-24 de Zavaleta, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, Ciudad Oculta, Villa Lugano, Inta, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.

De los 17 arrestados, 11 fueron por comercialización de estupefacientes, tres por tenencia, dos por tentativa de robo —uno de ellos un menor de 17 años de Los Piletones— y uno con pedido de captura vigente.

No es la primera vez que la Ciudad apela a este tipo de despliegue masivo: en mayo pasado se repitió el mismo esquema en las mismas 15 villas y barrios populares, bajo el nombre original "Tormenta Negra". La denominación numérica de esta segunda edición no hace más que evidenciar que el gobierno porteño ha convertido la saturación policial de los barrios vulnerables en un recurso de gestión recurrente. La estrategia del Gobierno que dirige Jorge Macri marca, según sus propias vocerías, una "nueva manera de abordar la seguridad y el ordenamiento del espacio público desde diciembre de 2023". 

Las diputadas Vanina Biasi, del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), y Delfina Velázquez, de Fuerza por Buenos Aires, arremetieron con dureza contra la gestión de Macri y catalogaron el operativo como un "show de racismo y discriminación".

Velázquez advirtió que Macri "sigue usando los barrios populares para montar su show", que no urbaniza los barrios ni combate el narcotráfico, y que les hace la vida más difícil a vecinos trabajadores que deben explicarle a sus hijos por qué la policía los corrió a los tiros cuando volvían de la escuela. Por su parte, la legisladora Biasi había señalado, tras el primer operativo, que con el discurso de perseguir narcos estaban "arrasando con comercios, puestos y viviendas", y calificó la acción como "un ataque de gravedad" que afecta a vendedores ambulantes y migrantes.

Para el Gobierno porteño, el operativo representó una demostración de capacidad logística y control territorial; para los vecinos, en cambio, la jornada dejó preocupación y miedo, por la irrupción masiva de uniformados y el cierre de comercios que, más allá de su situación legal, forman parte del entramado económico cotidiano. En puntos como la Villa 31 se reportaron incidentes con uso de balas de goma, mientras que en la Villa 21-24 vecinos señalaron la realización de requisas en viviendas particulares. También se advirtió sobre la persecución a trabajadores informales, vendedores ambulantes, feriantes y migrantes.

Un proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña propone encomendar a la Auditoría General de la Ciudad la realización de un examen especial sobre el operativo, buscando revisar los procedimientos, los recursos utilizados y las actuaciones de los distintos organismos; la iniciativa fue presentada el 21 de septiembre por la legisladora Delfina Velázquez junto a otros seis legisladores.

La iniciativa, aún sin aprobar, permanece en la Secretaría Parlamentaria a la espera de la asignación de comisiones. Mientras el gobierno porteño recicla su repertorio represivo con nombres de temporada y ruido mediático, la pregunta que nadie en el Ejecutivo responde sigue en pie: cuándo llegará, a esos mismos barrios, el Estado que construye vivienda, garantiza salud y genera trabajo.