Casi un centenar de jueces porteños repudió el pedido de juicio político contra la jueza De Marinis

Un total de 91 magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un comunicado en respaldo de la jueza Laura Beatriz De Marinis y en rechazo a la postura adoptada por el Gobierno porteño, luego de su decisión de declarar inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Según fuentes del ámbito judicial, la velocidad con la que se organizó el respaldo y la cantidad de firmas reunidas constituyen un hecho poco frecuente dentro del fuero local.

La jueza De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Capital, quedó en el ojo de la tormenta tras emitir una sentencia el pasado 21 de septiembre en la que declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y dispuso su sobreseimiento.

El criterio adoptado fue considerar que ese régimen, aplicado al caso particular, resultaba regresivo, desproporcionado y estigmatizante para el adolescente, quien se encontraba en situación de desamparo por parte del Estado. Junto con el sobreseimiento, De Marinis ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se adopten medidas de acompañamiento vinculadas con la situación familiar, educativa y social del menor.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en sus redes sociales que pediría el juicio político a la magistrada: "Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político", escribió.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, formalizó posteriormente una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Tapia llegó a sostener que "los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores".

El comunicado de los jueces firmantes puso el foco en la independencia judicial y planteó una diferencia entre revisar el contenido de una sentencia y promover mecanismos disciplinarios por las decisiones adoptadas por un magistrado, considerando que utilizar un juicio político como respuesta a un fallo afecta la independencia judicial y reclamaron mesura y respeto por la división de poderes. En ese sentido, los firmantes defendieron la decisión de la magistrada como parte del control de constitucionalidad y convencionalidad que pueden ejercer los jueces en el modelo argentino.

El comunicado también subrayó que el propio sistema judicial contempla mecanismos para revisar una sentencia con la que alguna de las partes no esté de acuerdo, y recordó que el Ministerio Público Fiscal ya apeló la resolución de De Marinis. La propia jueza habló públicamente y cuestionó al jefe de Gobierno por querer impulsar su juicio político, asegurando que eso "debilita las instituciones democráticas".

La controversia se produce en el marco de la reciente entrada en vigencia, el 5 de septiembre, de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.

La decisión de De Marinis no suspende la ley en términos generales, sino que aplica únicamente al caso en cuestión , aunque eso no alcanzó para frenar la disputa política e institucional que, con la denuncia ante la Magistratura en curso, todavía no tiene fecha de resolución.