La jueza que sobreseyó a un adolescente de 14 años defendió su fallo y cuestionó el pedido de juicio político

La jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, al considerarlo no punible en el marco de ese expediente.

La norma cuestionada había sido sancionada el 27 de febrero de 2026 y reemplazó al régimen anterior, fijando la responsabilidad penal juvenil para jóvenes de entre 14 y 17 años, con entrada en vigencia el 5 de septiembre.

El expediente se originó cuando un grupo de al menos cuatro adolescentes, entre ellos el menor identificado como M.I.A., se acercó a una persona en la calle, le exigió el teléfono celular y comenzó a perseguirla al negarse a entregarlo, hasta que un efectivo policial observó la situación e intervino antes de que el hecho se consumara.

El alcance de la resolución es limitado: no declaró inválida la ley para todo el país ni suspendió su aplicación en la Ciudad, sino que la inconstitucionalidad fue dispuesta exclusivamente respecto del adolescente involucrado en ese expediente, mientras que la investigación continúa sobre otros jóvenes de 16 años, a quienes el juzgado considera aplicable el nuevo régimen.

En declaraciones radiales, De Marinis explicó que para resolver el caso tuvo especialmente en cuenta la situación personal y social del adolescente y la ausencia de intervenciones estatales previas, al señalar que aplicar el sistema penal resulta regresivo para un chico que no había sido alcanzado por el Estado, que se encontraba sin educación y sin acceso a la alimentación.

La magistrada planteó en su fallo la idea de brindar una respuesta social desde el Estado —en materia de educación, contención y salud— en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales estuvieron marcadas por la vulneración de derechos básicos.

La resolución también ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para elaborar un plan de acompañamiento familiar, facilitar el regreso del adolescente a la escuela y promover su acceso a actividades recreativas.

Sin embargo, el fallo desató una fuerte reacción política: la jueza cuestionó el pedido de juicio político impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y sostuvo que utilizar ese mecanismo para cuestionar una resolución judicial genera tensión institucional y "debilita las instituciones democráticas".

Macri confirmó que instruyó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, para avanzar con ese proceso contra De Marinis y anunció que el Gobierno porteño recurrirá el fallo. A su vez, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución y solicitó el apartamiento de la magistrada del expediente. El fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad, Eduardo Riggi, fue uno de los principales críticos del fallo y confirmó que el Ministerio Público presentó una apelación, con el pedido de que la Cámara trate el planteo con celeridad.

El caso se suma a una disputa judicial más amplia: se trata del segundo fallo contra la nueva ley, luego de que la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual dispusiera la suspensión del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, decisión que luego fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

Desde el ámbito judicial porteño, fuentes consultadas por La Nación anticiparon que, una vez que la Fiscalía apele el fallo, es probable que la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revoque la decisión de primera instancia, en línea con los criterios que el tribunal de alzada viene sosteniendo de manera consistente.