El "Gordo Dan" y conductores de Carajo deberán declarar por hostigamiento al diputado Paulón

La Justicia citó a declarar a Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", y a otros tres integrantes del canal de streaming libertario Carajo, en el marco de una denuncia del diputado socialista Esteban Paulón por presunta discriminación y hostigamiento. Las audiencias se realizarán en dos jornadas: este jueves 17 de septiembre, a las 11, deben presentarse Parisini y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, conocido como "Gordo Leyes"; el viernes 18, al mediodía, les tocará el turno a Pablo Sebastián Pazos, Mariano Pérez y el biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez.

La causa se inició en julio del año pasado a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales y expresiones emitidas durante el programa La Misa, que se transmite por el streaming Carajo, del cual Parisini es socio minoritario. Los citados deberán responder ante la fiscal Celsa Ramírez por una campaña sostenida de hostigamiento en redes que asoció al legislador con la pedofilia a causa de su orientación sexual.

Según la denuncia, Pablo Pazos publicó desde su cuenta mensajes que calificaban a Paulón de "pedófilo, operador, comunista... SIDA PARA VOS".

La presentación judicial se apoya tanto en fragmentos del propio programa, difundidos en YouTube, como en una serie de mensajes publicados en X antes y después de la transmisión en vivo.

Antes de judicializar el reclamo, Paulón había enviado una carta documento a Pazos intimándolo a rectificarse, pero nunca obtuvo respuesta. Frente a ese silencio, el diputado anunció públicamente en la Cámara de Diputados que iniciaría acciones legales.

Esa misma noche, durante una transmisión en vivo conducida por Parisini, el streaming reprodujo el clip de esa intervención parlamentaria, y Pazos volvió a repetir la acusación de "pedófilo".

Para Paulón, el uso reiterado del término constituye la imputación directa y falsa de un delito de acción pública, con dolo comprobable, y no un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino un discurso discriminatorio dirigido específicamente contra la comunidad LGBTI+.

La denuncia agrega como agravante las referencias de los denunciados a "pendrives" y "discos rígidos" durante sus intervenciones —que Paulón interpreta como insinuaciones veladas de tenencia de material de abuso infantil— y el estigma histórico en torno al VIH/sida, activado explícitamente por uno de los mensajes.

El episodio había generado una reacción institucional en julio de 2025, cuando la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de repudio por las expresiones contra Paulón, con firmas de legisladores de distintos bloques que calificaron los mensajes como ofensivos, discriminatorios y hostiles.

Ahora, la fiscal Ramírez deberá recibir las declaraciones de los cuatro señalados y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación; la citación no implica una condena sino que habilita la instancia en la que los acusados podrán responder por los hechos atribuidos y ejercer su defensa.