Deudas en CABA: proponen una emergencia crediticia y condonar parte de los créditos

El fuerte endeudamiento de los hogares porteños volvió al centro de la discusión en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron presentados dos proyectos que buscan establecer una emergencia crediticia y modificar las condiciones bajo las cuales bancos, fintech y empresas de cobranza pueden reclamar deudas.

Las iniciativas fueron impulsadas por las legisladoras Vanina Biasi y Amanda Martín y fueron ingresadas el 8 de septiembre. Una propone declarar la emergencia crediticia de los hogares durante dos años, mientras que la otra apunta específicamente a limitar las prácticas consideradas abusivas en las cobranzas extrajudiciales.

El planteo aparece, además, después de que el Gobierno de Jorge Macri pusiera en marcha su propio Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, aprobado por la Legislatura, aunque con un esquema centrado fundamentalmente en la refinanciación de créditos en mora.

Emergencia crediticia por dos años

El proyecto de emergencia alcanzaría a personas con domicilio en CABA que tengan deudas por tarjetas de crédito, préstamos personales u otros créditos al consumo contraídos desde enero de 2024.

La propuesta incluye obligaciones con bancos, entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, billeteras virtuales, comercios y otras empresas que otorguen financiamiento al consumo.

El universo alcanzado sería el de personas con ingresos mensuales promedio inferiores a 1,5 veces la Canasta de Consumos Mínimos de ATE-INDEC, tomando como referencia los últimos 12 meses. El proyecto contempla tanto a quienes se encuentren en mora como a quienes todavía estén al día con sus pagos.

Entre las medidas más relevantes aparece la suspensión de juicios ejecutivos y embargos sobre salarios, jubilaciones, pensiones y subsidios sociales durante la vigencia de la emergencia.

También se propone eliminar temporalmente determinados registros de deudores y condonar intereses punitorios, recargos por mora, comisiones administrativas y otras tasas.

Condonaciones y cuotas que no superen el 15% del ingreso

La iniciativa plantea además un régimen de condonación total de determinadas deudas, incluyendo capital e intereses, hasta un monto equivalente a dos Canastas de Consumos Mínimos.

El beneficio estaría dirigido especialmente a hogares considerados vulnerables. Entre ellos se incluyen familias por debajo de determinados niveles de ingreso, personas que destinan más del 70% de sus ingresos a gastos esenciales, desempleados que atravesaron períodos prolongados sin trabajo, jubilados y pensionados de bajos ingresos y personas con discapacidad o familiares a cargo.

También contempla a trabajadores estatales porteños, docentes, personal sanitario y empleados de empresas públicas de la Ciudad que hayan sido despedidos, desvinculados o cuyos contratos hayan sido dados de baja o no renovados desde diciembre de 2023.

Para quienes tengan una deuda superior al monto que podría ser condonado, el proyecto propone una quita del 50% sobre el capital restante, refinanciación con cuotas fijas sin intereses y un límite: la cuota mensual no podría superar el 15% de los ingresos del deudor.

También buscan poner límites a las cobranzas

El segundo proyecto apunta directamente contra determinadas prácticas de cobranza extrajudicial. La iniciativa alcanza a bancos, fintech, billeteras virtuales, agencias de cobro y estudios jurídicos, entre otros actores. Propone limitar la posibilidad de transferir carteras de deuda a terceros y establece que quienes adquieran esos créditos no puedan agregar tasas, recargos o comisiones que no estuvieran contemplados originalmente.

También fija reglas para las comunicaciones: no podrían realizarse llamadas, mensajes automáticos o correos fuera del horario de 10 a 17 durante días hábiles, ni más de una comunicación semanal.

Además, quedarían prohibidos los contactos con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o empleadores para reclamar una deuda, así como las amenazas de publicación de la situación de morosidad o el uso de documentación que simule una notificación judicial.

Las sanciones propuestas van desde 10.000 hasta 500.000 Unidades Fijas, con la posibilidad de clausuras y pérdida de autorizaciones para determinados incumplimientos.

Una discusión que excede la refinanciación

Los proyectos ponen sobre la mesa una discusión diferente a la estrategia adoptada hasta ahora por el Gobierno porteño. La Ciudad ya cuenta con un programa que permite refinanciar deudas de tarjetas y préstamos en mora, con una tasa fija máxima del 35% nominal anual y plazos de al menos 24 meses.

La nueva propuesta busca ir más allá: no solamente refinanciar la deuda, sino reducirla y limitar los mecanismos de presión sobre quienes no pueden pagarla.

El debate legislativo deberá determinar ahora si estas iniciativas avanzan y con qué modificaciones. En el fondo, la discusión vuelve a poner en primer plano el deterioro de la capacidad de pago de los hogares porteños y el papel que deben asumir el Estado, los bancos y las empresas financieras frente a un problema que ya no aparece limitado a quienes dejaron de pagar, sino que también alcanza a familias que recurren al crédito para sostener sus gastos cotidianos.