La oposición presentó un proyecto en Diputados para reactivar las obras en barrios populares

La ejecución de obras de integración en barrios populares cayó un 98% desde el recorte al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y más de la mitad de los proyectos quedaron paralizados en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, la oposición en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia socio-urbana y garantizar la continuidad de las obras de integración en los asentamientos populares del país. El FISU era el fideicomiso nacional que financiaba obras de infraestructura en barrios populares y fue eliminado al inicio de la gestión de Javier Milei.

En febrero de 2024, el gobierno recortó a través del Decreto 193/2024 los recursos del fondo, al reducir el 9% que le correspondía del Impuesto PAIS a solo el 1%, justificado en presuntas irregularidades en su implementación. Sin embargo, un funcionario de la propia gestión confirmó posteriormente que las auditorías realizadas sobre el manejo del FISU "no arrojaron irregularidades".

El virtual congelamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la reducción presupuestaria decidida por el Poder Ejecutivo significó la parálisis de más de 700 obras en todo el país, junto a la interrupción del programa Mi Pieza, que disponía de fondos para realizar mejoras en las viviendas precarias.

Según datos de organizaciones territoriales, 6,5 millones de personas viven en barrios populares del país, de las cuales el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable y el 97% no está conectado a la red cloacal.

La presentación del proyecto opositor se enmarca en una semana de fuerte tensión parlamentaria. Los distintos bloques presentaron formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre junto a decenas de proyectos, y la convocatoria lleva las firmas de legisladores como Germán Martínez, Pablo Juliano, Oscar Herrera Ahuad, Marcela Pagano, Maximiliano Ferraro, Nicolás del Caño y Miguel Ángel Pichetto, entre otros. La oposición ratificó esa sesión y sostuvo que existe una emergencia que afecta a millones de argentinos.

El oficialismo dio un giro en el debate y decidió impulsar un cronograma de trabajo para abordar la problemática y dictaminar a fin de mes, con la apertura de la comisión de Finanzas donde comenzaron a analizarse las iniciativas presentadas, estableciendo el 30 de septiembre como fecha para emitir dictamen.

Esa propuesta fue rechazada por la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau, quien señaló que el plan de trabajo de La Libertad Avanza "es claramente un intento de dilatar" el tratamiento. La situación de los barrios populares quedó así como un punto adicional dentro de una agenda opositora más amplia que, de llegar al recinto el 9 de septiembre, podría forzar al Congreso a expedirse sobre una crisis habitacional que se extiende por todo el territorio nacional.