La Legislatura porteña simplificó el trámite del subte gratis para jubilados: así funciona el nuevo sistema con DNI

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad, durante la sesión ordinaria del jueves 27 de agosto, una serie de modificaciones a la Ley 6.817 de gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, con el objetivo de simplificar el acceso al beneficio y permitir que lo obtengan más beneficiarios.

Hasta la sanción de esta reforma, los usuarios debían ingresar obligatoriamente al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar constancias de ARCA —la ex AFIP— y conseguir una certificación negativa de ANSES, exigencias que en muchos casos terminaban desalentando el pedido del pase.

Tales requerimientos implicaban el uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales que muchas veces resultaban de difícil acceso para quienes integran el universo alcanzado por la norma.

Con el nuevo esquema, la gestión vuelve a ser puramente presencial y sin intermediarios virtuales: quienes cumplan con el tope de ingresos estipulado podrán darse de alta acercándose a cualquiera de las sedes comunales porteñas o en las estaciones cabecera de las distintas líneas de subterráneo, donde los únicos documentos requeridos serán el DNI y el último recibo de haberes. Una vez presentada la solicitud, la administración porteña asumirá la verificación de los requisitos mediante el cruce de información con ANSES, ARCA y otras bases nacionales y locales.

La modificación alcanza a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y perciban hasta 2,5 haberes mínimos. El beneficio se aplicará directamente con el DNI, sin necesidad de utilizar tarjeta SUBE, y tendrá una vigencia inicial de cinco años por beneficiario, con posibilidad de renovación.

La reforma aprobada el jueves 27 de agosto todavía debe ser promulgada y reglamentada: una vez promulgada, el Poder Ejecutivo porteño contará con un plazo máximo de 60 días corridos para definir el procedimiento, los lugares de registración y el funcionamiento técnico de la identificación en los molinetes.

Por esa razón, quienes ya poseen un beneficio deberán continuar utilizando el mecanismo vigente hasta que la Ciudad informe oficialmente la fecha de implementación. La aprobación de la norma coincide además con un nuevo aumento tarifario: el cambio se conoce en la antesala de otro incremento del boleto, ya que desde el 1° de septiembre la tarifa general para los primeros 20 viajes con un medio nominalizado pasará de $1.684 a $1.753, mientras que la tarifa social llegará a $613,55 y la estudiantil a $245,42.