El Banco Central habilita el cobro automático de deudas desde cuentas sueldo en plena crisis de morosidad

El gobierno eligió su lugar en la mesa. Mientras los funcionarios repiten que la morosidad “es un problema entre privados”, el Banco Central intervino para facilitar el cobro a bancos y fintech, poniendo en marcha desde el próximo lunes 31 de agosto una herramienta que les permitirá descontar cuotas impagas directamente desde las cuentas de los deudores, incluidas las cuentas sueldo.

El mecanismo, denominado Cobro por Transferencia (CCT), no es otra cosa que el regreso del viejo Debin, aquel sistema de débito inmediato que el propio BCRA había cancelado tras una seguidilla de estafas que afectaron a miles de usuarios. Ahora, con un nombre que busca borrar el estigma, el sistema fue rediseñado específicamente para que los acreedores puedan extraer fondos de las cuentas de sus clientes con una única autorización previa, sin necesidad de que el deudor confirme cada operación.

La norma fue anunciada en marzo de este año, cuando el problema de la morosidad de las familias ya había explotado. Según el “Informe sobre bancos” publicado a mediados de febrero, la morosidad de los hogares alcanzaba el 9,3% del total del dinero involucrado en créditos al cierre de 2025, con un ritmo de crecimiento acelerado del 0,5% mensual. Hoy, la fotografía es aún más compleja: alrededor de seis millones de personas registran demoras en sus pagos superiores a los 90 o 180 días. De ellos, 2,5 millones corresponden a deudas con entidades bancarias y otros 2,5 millones a billeteras virtuales.

El dato sobre la cuenta sueldo no es menor. Hasta ahora, esos fondos quedaban fuera del alcance de las fintech, que no podían acceder a los depósitos de haberes de sus deudores. Con el CCT, una billetera virtual como Mercado Pago podrá cobrar sus créditos desde la cuenta bancaria donde el cliente percibe su salario, incluso si esa cuenta pertenece a otra entidad. El sistema, sin embargo, tiene un alcance acotado: el acreedor solo podrá solicitar el débito sobre la cuenta específica donde se acreditaron originalmente los fondos del préstamo. Si el deudor movió ese dinero a otra entidad, el mecanismo no permite perseguirlo.

La implementación no será automática. Para que el débito se active, el tomador del crédito deberá otorgar una autorización expresa a la entidad prestamista, aunque podrá revocarla de forma inmediata en cualquier momento. Además, la normativa establece una serie de límites: las cuotas deben ser fijas e iguales, no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor, y la entidad deberá notificar al cliente con al menos 24 horas de anticipación antes de ejecutar el cobro. El sistema permite hasta tres intentos de débito: el inicial y dos reintentos a las 48 y 96 horas.

Pese a estas salvaguardas, la medida generó rechazo en diversos sectores. El director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, fue contundente: “Esto no es para resolver el problema a los consumidores que tienen préstamos, esto es para resolver el problema del sistema financiero por la morosidad”. En la misma línea, advirtió que el mecanismo revive una práctica que ya generó conflictos durante la pandemia, cuando los débitos de distintas entidades se acumulaban sobre una misma cuenta y “se llevaban todo”.

Desde el sector financiero, en cambio, las críticas apuntan en otra dirección: bancos y proveedores de crédito cuestionan que la herramienta solo permite cobrar desde la cuenta donde fue depositado el préstamo, lo que desincentiva su uso. También señalan que no se pueden computar intereses ante eventuales retrasos y que los saldos depositados en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o dólar MEP quedan fuera del alcance de los débitos.

El panorama de fondo es alarmante. Según datos de Coelsa, el 72% de los usuarios financieros, alrededor de 27 millones de personas, tiene simultáneamente una cuenta bancaria y una billetera virtual, y cada argentino posee en promedio ocho cuentas abiertas. En términos de morosidad, el 29,4% de los deudores debe a billeteras virtuales como Mercado Pago, mientras que los bancos privados concentran el 45,1% del monto total adeudado. La paradoja es que casi el 40% de los morosos debe menos de un salario mínimo, fijado en $376.600.

El Banco Central mantuvo firme la fecha de implementación a pesar de los pedidos de prórroga del sector bancario. Desde el lunes, el sistema financiero argentino incorporará una herramienta que, en palabras de sus críticos, “ayuda a cobrar, no a pagar”. Mientras el gobierno insiste en que la morosidad es un asunto que debe resolverse entre privados, la autoridad monetaria ya tomó partido—y lo hizo del lado de los acreedores.