El gobierno porteño canceló la licitación de una bóveda en el cementerio de la Recoleta tras una cautelar judicial y el reclamo familiar

El plan para abrir un local de café y souvenirs dentro de una bóveda del Cementerio de la Recoleta quedó sin efecto: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió cancelar la licitación que había lanzado para ese fin, luego de que la Justicia porteña ordenara frenar el proceso. El llamado a licitación pública había sido oficializado el 6 de agosto pasado.

La bóveda, ubicada en la Sección 17, Tablón 201, estuvo en el centro de la polémica desde que se conoció el proceso de licitación para su concesión comercial por cinco años con un canon base de $1.600.000. El expediente judicial fue presentado por una de las herederas de la bóveda, Lucía Girado, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando la nulidad del procedimiento que declaró la caducidad de la concesión de la bóveda familiar.

La familia sostuvo que nunca fue notificada correctamente y presentó una acción de amparo para pedir que se anule todo el proceso. La cautelar ordenó al Ejecutivo porteño abstenerse de declarar la caducidad del terreno de las sepulturas uno a 12 y demasía del número 201, Sección 17 del cementerio, y de disponer una eventual licitación o remate público. El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, requirió además la suspensión de la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26.

En su resolución, el juez Gallardo señaló que "el cementerio, como bien jurídico, constituye un espacio de paz y descanso para los deudos y no un centro comercial". El llamado contemplaba tres actividades: una tienda de artículos institucionales y recordatorios, la venta de alimentos y bebidas, y un servicio de turismo nocturno con visitas guiadas y propuestas de carácter cultural, educativo y recreativo. La apertura de ofertas estaba prevista para el 9 de septiembre de 2026.

El gobierno porteño tomó la decisión también presionado por el rechazo que generó el tema en la Legislatura porteña, donde se presentaron dos pedidos de informes, uno de la UCR y otro del peronismo. La legisladora Bárbara Rossen, de Fuerza por Buenos Aires, presentó el expediente 2487-D-2026 sobre los motivos y criterios utilizados para avanzar con la concesión. El proyecto, con la coautoría de Francisco Caporiccio y Claudia Neira, indagaba sobre la compatibilidad de la concesión con el artículo 22 de la Ley 4977, que establece la prohibición de actividades comerciales dentro de los cementerios de la Ciudad.

Según la versión oficial, los titulares de la bóveda mantenían una deuda de mantenimiento de $22.215.070, acumulada entre 2007 y 2026, a la que se sumaban otros $15.587.653 correspondientes a reparaciones realizadas por el gobierno porteño, llevando el reclamo total a más de $37,8 millones.

Voceros de la Ciudad afirmaron que desde 2025 se enviaron cartas documento y se publicaron edictos sin que los propietarios regularizaran la deuda, y remarcaron que el procedimiento aplicado es el habitual ante concesiones abandonadas en otros cementerios. La familia Girado, en tanto, asegura haber adquirido el terreno en 1880, y la disputa por la titularidad de la bóveda aún no tiene resolución definitiva en sede judicial.