CABA desregula la VTV sin techo de precios, mientras la Justicia frena la misma reforma a nivel nacional

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió este jueves la inscripción de talleres particulares y concesionarias que quieran prestar el servicio de Verificación Técnica Obligatoria (VTO), hasta ahora reservado a un número acotado de plantas concesionadas. "Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio", publicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de X.



Qué cambia

La reforma se apoya en la Ley 6.963, aprobada por la Legislatura porteña el 18 de junio y promulgada el 15 de julio, que habilita a talleres particulares a sumarse al padrón de prestadores. Desde el 1° de septiembre estará disponible una plataforma de inscripción simplificada, aunque la reglamentación que fijará los requisitos técnicos, humanos y edilicios que deberán cumplir los nuevos talleres todavía no fue publicada.

Además, la propia norma establece que la habilitación de nuevos prestadores será gradual, en función del vencimiento de los contratos vigentes con las empresas actuales. Uno de los cambios centrales del nuevo esquema es que el precio del servicio, hasta ahora regulado por el Gobierno porteño, quedará liberado y cada taller podrá fijar su propia tarifa.

El contraste con la Nación

La medida porteña avanza mientras la reforma equivalente impulsada por el Gobierno nacional -ideada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y contenida en el decreto 196/2025- permanece frenada desde el 16 de julio por una segunda cautelar judicial, dictada por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal a pedido de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI).

El fallo, firmado por los jueces Guillermo Fabio Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, sostiene que el Gobierno nacional no acreditó sustento técnico para garantizar que espaciar los controles o eliminar la exclusividad de los talleres no incremente los siniestros viales, y cuestionó además que la reglamentación de un decreto no puede alterar el espíritu de la Ley Nacional de Tránsito ni su finalidad de protección de la seguridad vial. CABA queda al margen de esa cautelar porque su desregulación se aprobó por ley y no por decreto.

Quién manejaba el negocio hasta ahora

El esquema que se desarma en la Ciudad tiene dueños conocidos: desde 2016 la concesión de la VTV porteña está en manos de la familia Neuss, un grupo empresario vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

La discusión por la desregulación había generado fricciones incluso dentro del propio oficialismo porteño y libertario, y sectores peronistas ya habían cuestionado en la Legislatura que la liberación del servicio avance sin fijar un precio máximo, al considerar que la ausencia de un techo tarifario puede encarecer un trámite obligatorio para cualquier automovilista.