Causa Vialidad: embargaron el departamento de Constitución donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

El escenario judicial en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de alto impacto político e institucional. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso un embargo preventivo sobre el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución (Comuna 1), la residencia donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La decisión fue rubricada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. La propiedad se encuentra registrada a nombre de Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. La medida forma parte del proceso de ejecución patrimonial impulsado por la Justicia para garantizar la recuperación de 685.000 millones de pesos en concepto de decomiso fijado en la sentencia.

La resolución del tribunal no constituye un hecho aislado, sino que profundiza una estrategia de congelamiento de activos a gran escala. En una primera fase, el TOF 2 había ordenado cautelares sobre 111 propiedades asociadas a los condenados, incluyendo inmuebles del empresario Lázaro Báez.

Esta segunda etapa amplia el perímetro de ejecución sobre un paquete adicional de 144 activos:

- Inmuebles y vehículos: Unidades residenciales, terrenos y flotas de transporte vinculadas a las sociedades comerciales bajo investigación.

- Activos financieros: La inclusión de los cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner que permanecen en una caja de seguridad bancaria.

- Participaciones societarias: Paquetes accionarios de firmas como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Según los fundamentos del TOF 2, las pruebas ventiladas durante el debate oral ratificaron la existencia de un entramado económico entre las empresas de Báez y los negocios privados de la familia Kirchner entre 2003 y 2015, lo que justifica la inmovilización de los activos para evitar su transferencia o desintegración antes de la sentencia firme.

Alcance técnico de la medida y tensión sobre la domiciliaria

Desde el punto de vista estrictamente procesal, los jueces aclararon que el embargo sobre la unidad funcional de la Comuna 1 no implica una ejecución ni una subasta pública inminente, así como tampoco modifica la titularidad dominial del inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

Sin embargo, el avance sobre el departamento de la calle San José abre una marcada incertidumbre jurídica e institucional respecto al dictado de la prisión domiciliaria. Al quedar bajo una medida cautelar con fines de decomiso, el estatus del inmueble como domicilio fijado para el cumplimiento de la pena dependerá de cómo avance la causa en los estragos superiores.

Actualmente, las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la confirmación del criterio de decomiso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal será el encargado de convalidar o revocar la ejecución definitiva de los bienes.