Bullrich culpó a Adorni por la caída de dos capítulos clave de la Ley de Propiedad Privada

 

El Senado le dio media sanción, en la madrugada de este viernes, a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo hizo con una versión muy reducida respecto del proyecto original impulsado por el equipo de Federico Sturzenegger. La iniciativa quedó aprobada por 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores provinciales de Misiones, Chubut y Neuquén, además de un legislador de Provincias Unidas. De los cinco capítulos que integraban el proyecto original, sólo tres llegaron a votarse: los referidos a desalojos exprés, expropiaciones y digitalización del sistema de registros.

Los dos artículos que quedaron en el camino eran, según coincidieron varios medios que siguieron la sesión, los que más resistencia generaban tanto en la calle como entre los propios aliados del oficialismo. Por un lado, el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y que buscaba flexibilizar los límites a la compra de campos por parte de extranjeros —el borrador más ambicioso planteaba directamente eliminar esas restricciones, y una versión intermedia proponía subir el tope vigente del 15% al 25% de la superficie rural del país— fue retirado antes del inicio del debate ante el rechazo de gobernadores y bloques dialoguistas. Por otro lado, la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, que permitía habilitar el uso productivo de tierras incendiadas antes de los plazos que hoy exige la norma vigente, se cayó ya en pleno recinto, cuando el oficialismo verificó que no contaba con los votos necesarios para sostenerla.

En ese contexto, Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, reconoció públicamente la frustración que generó en el oficialismo tener que resignar esos dos capítulos y apuntó contra el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, como uno de los responsables de la demora que terminó jugando en contra del proyecto. En diálogo con TN al cierre de la sesión, la senadora explicó que durante meses la agenda pública y mediática quedó copada por la situación de Adorni y que después se sumó la interrupción que generó el Mundial, lo que —a su juicio— le quitó al Gobierno la ventana de tiempo en la que el texto completo podría haber sido aprobado sin objeciones.

Ese mismo viernes, ya en Radio Rivadavia, Bullrich amplió su diagnóstico y calificó el trámite parlamentario del proyecto como particularmente conflictivo. Recordó que la discusión se extendió durante tres meses y que en el medio el Congreso debió frenar su actividad mientras se definía la situación institucional de Adorni, que enfrentaba una moción de censura en su contra. Según su relato, cuando ese capítulo se cerró llegó el Mundial y la atención pública se corrió por completo del debate legislativo.

La referencia al torneo no es menor: el proyecto de propiedad privada estaba originalmente previsto para tratarse el 16 de julio, un día después de la semifinal entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. Sin embargo, la bandera con la consigna sobre las islas Malvinas que exhibieron los jugadores argentinos generó una repercusión pública que puso en el centro de la escena la discusión sobre la extranjerización de la tierra, justo cuando el oficialismo buscaba avanzar con esa reforma. Ante ese escenario, el Gobierno optó por suspender la sesión prevista y postergarla hasta el jueves en que finalmente se trató.

El resultado final, de todos modos, no dejó del todo conforme al oficialismo. Distintos medios que cubrieron la sesión coincidieron en que, además de la baja de la Ley de Tierras resuelta días antes, la caída del capítulo de Manejo del Fuego se definió sobre la hora, en pleno recinto, cuando el bloque libertario constató que no lograría reunir el respaldo de los senadores patagónicos y de las fuerzas provinciales necesarias para sostenerlo. Con esa doble poda, el oficialismo logró preservar los 37 votos que necesitaba para la aprobación general, el mismo número que finalmente cosechó, mientras la oposición reunió 33 votos en contra. El texto, ahora reducido a los capítulos sobre desalojos, expropiaciones y digitalización registral, pasó a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley.