Tras bajar el capítulo de extranjerización, el Senado debate hoy la agilización de desalojos y los cambios en alquileres

El Senado trata este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada luego de que el oficialismo decidiera excluir el capítulo que flexibilizaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida se adoptó para reunir los votos necesarios luego de que gobernadores y senadores dialoguistas rechazaran incluso la propuesta de elevar el tope de titularidad extranjera del 15 al 25 por ciento. Sin ese apartado, la iniciativa avanza con modificaciones al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil orientadas a agilizar los juicios de desalojo de inmuebles urbanos y rurales, además de cambios en el régimen de expropiaciones, en la Ley de Manejo del Fuego y en los registros de la propiedad.

El eje que concentra mayor atención es el de los desalojos. El texto establece que estas causas tramitarán de manera obligatoria por la vía sumarísima, el procedimiento más breve del ordenamiento procesal. La reforma alcanza a locatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y cualquier ocupante obligado a restituir el inmueble. Para los contratos de alquiler de vivienda, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos, contados desde la recepción de la notificación, antes de iniciar la demanda judicial por falta de pago. Vencido ese término sin regularización de la deuda, el locador queda habilitado a promover la acción.

En los casos de intrusión o tenencia precaria, el juez podrá disponer la restitución inmediata del inmueble si considera verosímil el derecho invocado y previa caución juratoria. También se prevé un reconocimiento judicial temprano: ante situaciones de deterioro, uso abusivo, falta de pago o intrusión, el magistrado deberá ordenar una inspección dentro de las 72 horas desde la primera providencia para identificar a los ocupantes. El mandamiento de lanzamiento autorizará de manera explícita el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso si el inmueble aparenta estar desocupado. Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se exige la intervención previa de los organismos de protección y del Ministerio Público Tutelar, con un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional.

Desde Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz advirtió que la reforma elimina garantías procesales y habilita mecanismos que permitirían ordenar desalojos en plazos muy cortos a partir de una declaración del propietario. Según sostuvo, un dueño podría presentarse ante la Justicia afirmando que no se le pagó o que no existe contrato y obtener una orden en 72 horas sin una instancia efectiva de defensa para la familia afectada. El dirigente vinculó la iniciativa con el contexto posterior a la derogación de la Ley de Alquileres y la desregulación del mercado, y afirmó que el objetivo es acelerar el recambio de inquilinos en un escenario de fuerte presión sobre los ingresos de las familias.

El proyecto también limita las pruebas admisibles en los juicios por falta de pago o vencimiento de plazo, privilegiando la documental y la pericial para evitar demoras. Incorpora el domicilio electrónico como canal válido de notificación cuando hubiera sido constituido en el contrato y prevé multas para el propietario que solicite la desocupación inmediata ocultando pagos o el contrato real. Estas disposiciones se presentan como un equilibrio frente a la aceleración de los plazos, aunque las organizaciones de inquilinos sostienen que reducen las posibilidades de defensa en un mercado ya tensionado por los aumentos.

Más allá de los desalojos, el texto que se debate endurece los requisitos para que el Estado declare un bien de utilidad pública, fija topes al lucro cesante en las indemnizaciones por expropiación y elimina o reduce los plazos de protección sobre tierras afectadas por incendios, manteniendo restricciones más estrictas solo para bosques nativos. También avanza en la modernización digital de los registros de la propiedad y modifica el régimen de regularización dominial. Con el capítulo de tierras rurales fuera de la discusión, el oficialismo confía en obtener la media sanción este jueves y enviar el proyecto a la Cámara de Diputados.