El Gobierno fiscaliza el paro docente y amenaza con sanciones mientras CTERA reclama salarios

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) concretó el paro nacional de 24 horas que había anunciado días atrás, en una jornada que expone con crudeza el deterioro que atraviesa el sector docente y, con él, a buena parte de la economía real del país.

El reclamo de los gremios no es nuevo, pero adquiere una dimensión particular en el contexto de tres años de políticas de ajuste que han golpeado a todos los sectores productivos. Los docentes exigen la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que recupere lo perdido frente a la inflación, y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), aquel complemento que el Gobierno eliminó por decreto en 2024 y que representaba entre el 7 y el 15 por ciento del salario de bolsillo de los educadores.

El haber mínimo del sector permanece fijado en 500.000 pesos desde hace más de un año. Los gremios denuncian que, con la inflación acumulada en este período, ese monto ha dejado a muchos profesionales por debajo de la línea de indigencia. “Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, argumentaron los sindicatos en un comunicado conjunto.

En ese marco, la decisión del Ejecutivo de declarar la educación como servicio esencial y exigir un piso del 75% de actividad durante las medidas de fuerza es leída por los gremios como una herramienta para limitar el derecho de huelga y profundizar el ajuste sobre el sector público. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, advirtieron que desplegarían un operativo de inspección en colegios de todo el país para constatar el cumplimiento de la normativa y anticiparon sanciones económicas para los gremios que no la acaten.

La respuesta de los docentes fue contundente. Desde Suteba y otros gremios de base ratificaron la medida y cuestionaron la coherencia del Gobierno: “No se entiende que les moleste un paro docente cuando no invierten un peso y desfinancian todos los días la educación pública. Es contradictorio”. Advierten que el desfinanciamiento del sistema educativo no es casual, sino parte de una política deliberada que incluye el recorte de partidas presupuestarias, la eliminación del FONID y el rechazo a sancionar una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La adhesión al paro, aunque mayoritaria en el interior del país, no fue homogénea. Mientras CTERA y los gremios que la integran convocaron al cese total de actividades, los sindicatos docentes alineados en la CGT optaron por un plan de lucha alternativo que no contempla la suspensión de clases, sino jornadas de trabajo a reglamento y movilizaciones. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que había realizado un paro provincial el 30 de junio ante la falta de convocatoria paritaria— se sumó a la protesta nacional.

El escenario que se abre a partir de esta jornada es el de un conflicto que trasciende lo salarial y se inscribe en una disputa más amplia por el modelo de país. Los docentes no reclaman solo un aumento: exigen ser reconocidos como trabajadores de un sector que el Estado ha decidido abandonar. Y lo hacen en un contexto en el que el resto de la economía, salvo para los sectores privilegiados, también sangra. La pregunta que queda flotando es si el operativo de control del Gobierno logrará imponer la letra de una ley que los sindicatos consideran ilegítima, o si, por el contrario, la protesta docente se convertirá en el termómetro de un descontento que ya no encuentra válvulas de escape.