El Gobierno ultima un megapaquete desregulador que sacude los mercados de medicamentos, garrafas e inmobiliario

El gobierno nacional tiene en sus manos un borrador que promete reconfigurar el mapa de la actividad comercial y productiva en la Argentina. Se trata de un nuevo proyecto de ley de desregulación económica, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que busca modificar reglas de juego vigentes desde hace décadas en sectores tan diversos como la venta de medicamentos, el mercado inmobiliario, la industria del gas licuado, el sistema financiero y la actividad vitivinícola, entre muchos otros. El proyecto, que espera la firma del presidente Javier Milei para ser girado al Congreso, ya genera rechazo en la industria farmacéutica y editorial, mientras que en la Casa Rosada descartaron tajantemente la posibilidad de pedir facultades delegadas para avanzar por decreto.

La iniciativa, que consta de 100 artículos organizados en ocho capítulos, atraviesa las últimas revisiones en las áreas de Legal y Técnica de la Casa Rosada. Una vez que el presidente Javier Milei estampe su firma, el texto será enviado al Congreso, donde anticipa un debate complejo no solo por la amplitud de los cambios propuestos, sino también por las resistencias que ya despierta entre sectores empresariales y gremiales.

Uno de los capítulos más polémicos es el que modifica el régimen de comercialización de los medicamentos de venta libre. La propuesta habilita su exhibición en góndolas y amplía las posibilidades de venta por internet con entrega a domicilio. La medida busca dar respaldo legislativo a cambios que ya habían sido incorporados mediante el DNU 70/2023, pero que quedaron parcialmente suspendidos por decisiones judiciales tras las presentaciones de entidades farmacéuticas. En la práctica, esto permitiría que los remedios sin receta se comercialicen en comercios no especializados y a través de plataformas digitales, un giro que el sector farmacéutico ya ha manifestado rechazar.

En el mercado inmobiliario, el foco del proyecto está puesto en redefinir el corretaje. La intención es que esta actividad deje de considerarse una "profesión liberal" para encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. Esto implicaría modificar el esquema de funcionamiento de los colegios profesionales, habilitar la operación sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y eliminar la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional. Se trata de una reforma profunda que, de aprobarse, transformaría las reglas de acceso y ejercicio de una actividad que históricamente ha estado reservada a profesionales matriculados.

Otro capítulo relevante apunta a la desregulación del mercado de gas licuado de petróleo (GLP). El proyecto propone limitar la intervención estatal únicamente a los controles de seguridad, dejando de fijar precios, márgenes de rentabilidad y cupos para las garrafas. Esta medida se inscribe en una línea de acción que el gobierno ya había iniciado con la eliminación de valores de referencia y la flexibilización de normas para el sector.

En el sistema financiero, la iniciativa incorpora una actualización de los regímenes de prendas y warrants para digitalizar las garantías utilizadas en el acceso al crédito. La novedad más disruptiva es la posibilidad de utilizar activos virtuales, como criptomonedas, como garantía de obligaciones, además de incorporar contratos inteligentes, firmas digitales y un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. El proyecto también incluye la derogación de la ley de arrendamientos rurales, eliminando los plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para los contratos de alquiler de campos. De aprobarse, propietarios y productores podrán pactar libremente la duración, el precio y la modalidad de pago.

El sector editorial tampoco queda al margen. La iniciativa propone derogar las leyes de Fomento del Libro y de Defensa de la Actividad Librera, que obligan a editores, importadores y representantes a fijar un Precio de Venta al Público para los libros. El gobierno sostiene que la medida favorecerá la competencia y podría reducir los precios para los consumidores. Sin embargo, la Cámara Argentina del Libro ya manifestó su rechazo, argumentando que la derogación eliminaría el sistema que garantiza un precio único en todas las librerías del país y pondría en riesgo a las librerías independientes y a las editoriales pymes.

El alcance del proyecto ya generó cuestionamientos incluso entre sectores aliados al oficialismo, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En esos espacios advierten sobre la dificultad de debatir en un único expediente modificaciones que abarcan actividades muy diversas, y consideran que puede haber legisladores dispuestos a acompañar algunas desregulaciones pero rechazar otras, lo que podría complicar la construcción de las mayorías necesarias para su aprobación.

En las últimas horas, un borrador que circuló en ámbitos legislativos contenía una solicitud al Congreso para obtener seis meses de facultades delegadas, una herramienta que habilitaría al Ejecutivo a avanzar con nuevas desregulaciones por decreto. Sin embargo, fuentes de la Presidencia negaron de manera tajante esa posibilidad y aseguraron que el pedido de facultades extraordinarias "no pasó la revisión de Milei". Desde el Ministerio de Desregulación no adelantaron cuándo prevén enviar el nuevo paquete legislativo al Congreso y solo confirmaron que los textos "están en revisión".